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El PP quiere ver los informes que avalan el ‘decretazo’ energético

Jaime de Olano

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Jaime de Olano, esta mañana ante la prensa

Los populares parecen haber escarmentado tras descubrir que el Gobierno de Pedro Sánchez nunca se apoyó en informes técnicos o comités de expertos para decidir qué medidas imponer a los españoles durante los meses más duros de la pandemia provocada por el virus chino

El Partido Popular (PP) ha pedido al Gobierno que envíe al Congreso todos los informes jurídicos, económicos y técnicos en los que se ha apoyado para elaborar las medidas contenidas en el ‘decreto de ahorro energético’, aprobado la semana pasada y que entra en vigor este miércoles.

Ha sido el portavoz adjunto y coordinador económico del grupo popular en el Congreso, Jaime de Olano, quien ha solicitado oficialmente una información que los populares consideran relevante después de que Moncloa dijese durante los meses más duros de la pandemia que las medidas impuestas ‘ilegalmente’ según el Tribunal Constitucional para controlar los contagios del virus chino estaban basadas en los informes de comités de expertos que luego resultaron no existir.

La UE se ha impuesto reducir el consumo de gas natural un 15% en los próximos siete meses, hasta marzo de 2023; y para conseguirlo pretende ahorrar un total de 45.000 millones de metros cúbicos de gas.

El Gobierno PSOE-Podemos, que se opuso a reducir el consumo de gas en España, impone ahora para, supuestamente, cumplir el compromiso adquirido con sus socios de la Unión, poner el aire acondicionado a 27 grados, la de apagar los escaparates de los comercios a las 22:00 horas o la de instalar puertas automáticas a la entrada de todos los establecimientos abiertos al público.

Según los acuerdos refrendados por la Comisión Europea, a España le corresponde ahorrar un 7% su consumo energético a partir del 1 de agosto. A la espera de ultimar el Plan de Contingencia adicional que deberá remitir a Bruselas a finales de septiembre, el Gobierno de Sánchez estima que el ahorro derivado de la aplicación de las medidas del real decreto podría alcanzar entre el 4 y el 5% del total.

Dicho real decreto ha sido muy cuestionado por las comunidades autónomas gobernadas por los populares aunque también algunos de los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como PNV o ERC, han criticado el modo de proceder de Moncloa, que ayer tuvo que organizar una videoconferencia con los consejeros autonómicos, que, finalmente, no sirvió para nada.

Desde la Comunidad de Madrid ya han avisado de que plantearán un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto, al que ven, al menos, diez puntos inconstitucionales. A saber:

1. El carácter básico alegado por el Estado para invadir competencias autonómicas decae porque el objetivo del Real Decreto Ley (RDL) no es garantizar el suministro de gas, ya que el mismo RDL afirma que España no tiene ese problema, por lo que consideramos que no se pueden establecer mínimos ni máximos en las temperaturas de aire acondicionado y calefacción.

2. De la misma forma, ese carácter básico es cuestionable porque nos encontramos ante un acuerdo europeo que no es obligatorio.

3. El cierre de puertas de los locales y centros de trabajo choca con la normativa de Salud Pública dictada con ocasión de la pandemia por COVID-19 y que establece la necesidad de la ventilación.

4. La obligación de instalar cartelería, pantallas, etc. para informar de las medidas de ahorro energético no contribuye directamente a dicho ahorro energético, por lo que invade competencias autonómicas sin justificación.

5. La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL. Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?

6. El apagado de escaparates a las 22:00 horas colisiona directamente con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir las 24 horas del día. ¿Se puede cumplir esa norma con escaparates apagados?

7. El apagado de edificios públicos chocaría con la competencia del cuidado y utilización de los edificios propios de la Comunidad de Madrid y con el desarrollo turístico.

8. El adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones podría exceder las bases estatales, toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico.

9. Se produce una discrepancia entre la duración prevista de las medidas entre la normativa europea -1 año- y la indicada en el RDL -hasta octubre de 2023-.

10.  La defectuosa configuración del régimen sancionador puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad en las sanciones que puedan imponerse, tal y como sucedió en las derivadas de los estados de alarma durante el COVID.

Tuit Isabel Díaz Ayuso

Tuit de Ayuso criticando el apagón impuesto por los socialcomunistas

Pero mientras no se sustancia este recurso, Madrid será la única capital europea que tendrá que apagar los escaparates a las 22:00 horas por una decisión arbitraria y autoritaria que, insisten desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, es inconstitucional.

Así lo escribió ayer la propia presidenta regional en la red social, asegurando además que las medidas gubernamentales van contra el comercio, el turismo y la seguridad en las calles de las ciudades españolas.

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