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Alfonso Rus, detenido en una operación anticorrupción

Alfonso Rus

Alfonso Rus es uno de los detenidos

En mayo de 2015 el PP le apartó de sus funciones

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha pedido a su Comité de Derechos y Garantías que abra expediente a todos los militantes detenidos este martes en una operación desarrollada contra una presunta trama de corrupción en la empresa pública Impulso Económico Local (Imelsa).

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el «caso Imelsa», ha coordinado la operación contra esta supuesta trama de corrupción infiltrada en varias Administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas Administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La operación, llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con al menos 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. En la causa hay 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Entre los detenidos se encuentra el expresidente de la Diputación de Valencia, ex alcalde de Xàtiva y ex presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus. También ha sido arrestado el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla.

Entre los 29 investigados se encuentra, además, la ex concejal del PP en Valencia María José Alcón; el ex vicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Moncada Juan José Medina; el ex acalde de Genovés, Emilio Llopis, y Carmen García Fuster, del PP de Valencia.

En la operación desarrollada hoy se han llevado a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública CIEGSA) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (el Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent. Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados hoy.

La práctica de varias diligencias permitió descubrir que la trama corrupta llegaba más lejos de lo que inicialmente se creía. Por eso, tras el trabajo de la UCO se presentó una querella el pasado mes de marzo.

El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En el marco de estas diligencias se ha desarrollado la operación de hoy encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La operación continúa abierta.

Conocida la «redada», el PP valenciano ha ordenado la suspensión cautelar de militancia de todos ellos, así como su destitución inmediata de todos los cargos orgánicos que desempeñan y su cese en cualquier tipo de actividad relacionada con nuestra formación política.

En un comunicado, la dirección del PP regional anuncia que será contundente ante cualquier atisbo de corrupción, «sin menoscabo al derecho de presunción de inocencia de todas las personas investigadas«.

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