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El Partido Popular aprueba la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en solitario

Ricardo Sixto

Ricardo Sixto, de IU, ha criticado con dureza la nueva norma

La norma seguirá su tramitación en el Senado

La oposición ha anunciado que la derogará en cuanto llegue al poder

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, 11 de diciembre, el Proyecto de Ley Orgánica de protección de seguridad ciudadana, la denominada por la oposición «ley mordaza», con 179 votos a favor y 140 en contra. La mayoría del Partido Popular ha rechazado todas las enmiendas defendidas por los otros grupos parlamentarios, con lo que la norma continuará su tramitación en el Senado.

Para el Ejecutivo este proyecto de ley de seguridad ciudadana es muy necesario para sustituir la antigua Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, vigente desde 1992, ya que los cambios sociales, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, la imperiosa necesidad de actualizar el régimen sancionador o la conveniencia de incorporar la jurisprudencia constitucional a esta materia justifican sobradamente un cambio legislativo.

Con este proyecto de ley se habilita a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a mantener y, en su caso, restablecer la tranquilidad ciudadana en supuestos de inseguridad pública de acuerdo a los principios de proporcionalidad, injerencia mínima y no discriminación. Esto según el Gobierno. Según el PSOE, que la revocará en cuando alcance mayoría suficiente, ésta es «una ley mordaza absolutamente innecesaria que supone un nuevo desafío al que el Gobierno de Rajoy está sometiendo a la sociedad española«.

Son las palabras del secretario de Reformas Democráticas socialista y diputado Ximo Puig, que también ha afirmado que «no es la crisis, sino la ideología de la derecha la que está inundando de reaccionarismo y autoritarismo a la sociedad española». «No cumplieron nada en los impuestos, no cumplieron nada en las cuestiones que tienen que ver con la economía y tampoco han cumplido nada en lo que tiene que ver con la defensa de la libertad, de la democracia y de la regeneración democrática», ha añadido Puig, que ha criticado que «esta ley intenta poner a los ciudadanos en el disparadero, porque sólo sirve de amenaza a los ciudadanos».

Según Ximo Puig, «en estos años de democracia España ha conseguido ser uno de los países más seguros del mundo por lo que no hay ninguna necesidad de hacer esta ley, que supone una amenaza para los ciudadanos que libremente deciden protestar contra la acción del Gobierno».

De hecho, ha señalado, «con la crisis que hemos padecido, con las medias absolutamente reaccionarias que ha tomado el Gobierno y que han afectado a miles y miles de personas que están en la calle, con el 30% de exclusión social, con casi el 30% de paro, la convivencia en España es una gran convivencia«; una postura que también ha defendido durante el debate en el Congreso Toni Cantó, diputado de Unión Progreso y Democracia (UPyD).

En el texto de la nueva ley se determinan las facultades de las autoridades y de los agentes de policía para entrar y registrar domicilios, requerir la identificación de personas, efectuar comprobaciones y registros en lugares públicos, establecer restricciones del tránsito y controles en la vía pública, así como otras medidas extraordinarias en situaciones de emergencia; y se regulan las medidas que deberán adoptar las autoridades para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, así como para restablecer la normalidad de su desarrollo en casos de alteración de la seguridad ciudadana.

A este respecto, Ricardo Sixto, de Izquierda Unida, que ayer acusó al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de vulnerar todos los tratados internacionales firmados por España [1], ha criticado la «ley mordaza» porque «podrá servir para atacar la libertad de huelga y la sindical».

A pesar de estas y otras «duras» apreciaciones de la oposición, desde el PP han defendido que por primera vez se regulan los registros corporales externos, que sólo se podrán realizar cuando existan motivos para suponer que pueden conducir al hallazgo de instrumentos efectos u otros objetos peligrosos o relevantes. Los registros, de carácter superficial, deberán ocasionar el menor perjuicio a la dignidad de la persona y efectuarse por un agente del mismo sexo que la persona a quien se le practique.

Por otro lado, se añaden a las infracciones tipificadas por el legislador de 1992 conductas que, sin ser constitutivas de delito, atentan gravemente contra la seguridad ciudadana, como ciertas alteraciones del orden público, las faltas de respeto a la autoridad, el deslucimiento de determinados bienes en la vía pública o dejar sueltos animales peligrosos.

Además, se crea el Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, indispensable para poder apreciar la reincidencia de los infractores y permitir, de este modo, sancionar adecuadamente a quienes de modo voluntario y reiterado incurren en conductas merecedoras de reproche jurídico.

Uno de los puntos más conflictivos de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana es el que incorpora en una disposición final, sobre el Régimen especial de Ceuta y Melilla, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En ella, se recoge que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.