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El podemita Alberto Rodríguez podría recuperar su escaño

Alberto Rodríguez Rodríguez

Alberto Rodríguez Rodríguez en una imagen de archivo de Unidas Podemos

El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos de amparo presentados por el ex diputado contra el auto del Tribunal Supremo y el acuerdo de la presidenta del Congreso que supusieron la pérdida de su condición de diputado

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los dos recursos de amparo presentados por Alberto Rodríguez Rodríguez contra las resoluciones que supusieron la retirada de su escaño en el Congreso de los Diputados.

El mismo Pleno resolverá si debe recuperar su condición de diputado.

El Constitucional admite el recurso de amparo número 697-2022, planteado contra las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, en la causa especial 21019/2019, tras considerar a Rodríguez culpable de una falta de lesiones y de un delito de atentado contra agente de la autoridad, y condenarlo a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, le imponen la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (artículo 56.1.2o Código Penal) durante el tiempo de la condena privativa de libertad.

El Tribunal Supremo entiende que la pena accesoria se aplica pese a la sustitución de la pena privativa de libertad. Por su parte, la defensa del diputado comunista denuncia la vulneración del derecho al juez imparcial (art. 24.2 Constitución Española), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y al principio de legalidad penal (art. 25 CE), al imponerle la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo pese a la sustitución de la pena de prisión por la de multa.

Correlativamente, se admite a trámite el recurso de amparo parlamentario núm. 74- 2022, interpuesto contra el acuerdo de la presidenta del Congreso de los Diputados, de 22 de octubre de 2021, por la que le comunicó su sustitución como miembro de la Cámara.

La cuestión suscitada radica en determinar si ha resultado vulnerado o no el derecho del recurrente en amparo a permanecer en el ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 CE), al haberse acordado su sustitución como diputado del Congreso en aplicación de la causa de incompatibilidad sobrevenida del art. 6.4, en relación con el art. 6.2 a), ambos LOREG, esto es, por haber sido condenado por sentencia firme a pena privativa de libertad, cuando ésta ha sido sustituida ex art. 71.2 CP por una pena de multa.

Alberto Rodríguez entiende que la resolución parlamentaria impugnada fue adoptada por quien carecía de competencia para ello, alegando que la competencia correspondería al Pleno de la Cámara, previa propuesta de la Comisión del Estatuto del Diputado; asegura que la decisión está insuficientemente motivada; y considera que la consecuencia de la pérdida de la condición de diputado implica doble punibilidad y es una consecuencia desproporcionada derivada de la sanción penal.

El Pleno entiende que en ambos recursos concurre especial trascendencia constitucional porque ambos plantean un problema o afectan a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2, a)] y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto, porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2, g)].

Por lo que hace a la solicitud de suspensión cautelar inaudita parte de la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, el Tribunal desestima esta pretensión y abre pieza separada de medidas provisionales para escuchar a todas las partes interesadas en el procedimiento en relación con la petición de suspensión de la decisión que ha sido impugnada.

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