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La huelga de los controladores aéreos afectará a unos 5.300 vuelos

USCA

USCA recurrirá los servicios mínimos

FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los usuarios afectados por la huelga que tienen derecho al reembolso del billete en caso de cancelación del vuelo

Hoy comienza la primera jornada de paros convocados por la Unión Sindical de Controladores (USCA) también para los próximos días 10, 12 y 14 de este mes, entre las 10:00 y las 12:00 horas y entre las 18:00 y las 20:00.

Pese a que el Ministerio de Fomento ha establecido unos servicios mínimos de hasta el 70% de la plantilla de controladores, se calcula que durante las cuatro jornadas de paro se podrán ver afectados unos 5.300 vuelos, casi una cuarta parte del total previsto en el espacio aéreo español para esos días.

Unos servicios mínimos, por cierto, que aunque los controladores cumplirán escrupulosamente, USCA recurrirá al considerar que no respetan los derechos constitucionales de los trabajadores.

El sindicato que representa al 90% de los controladores decidió convocar los paros tras concluir sin acuerdo las negociaciones con Enaire, empresa matriz de AENA, que decidió sancionar con la suspensión de empleo y sueldo durante un mes a 61 controladores del Centro del Control de Barcelona por el cierre del espacio aéreo en 2010 y negarse a readmitir al controlador Marco Antonio Enríquez, del ACC de Santiago, despedido a raíz del mismo conflicto laboral.

Los controladores amenazan con convocar nuevos paros si Enaire no cambia de postura.

Hay que recordar que en 2010, con el socialista José Blanco al frente del Ministerio de Fomento, se procedió al cierre del espacio aéreo de España, a la declaración del estado de alarma y a la entrada de militares en los centros de control de tránsito aéreo.

FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los usuarios afectados por la huelga que tienen derecho al reembolso del billete en caso de cancelación del vuelo, aunque en dicha situación el usuario también puede elegir un transporte alternativo.

La asociación advierte de que las compañías aéreas deben ofrecer información y asistencia a los consumidores afectados. Son las empresas, y no los usuarios, quienes deben asumir el riesgo de huelga cuando se contrata un servicio. De lo contrario, se produciría una situación de enorme indefensión de los consumidores, que tendrían que asumir los gastos extra ocasionados por las cancelaciones de los vuelos.

FACUA señala que, en el caso de un gran retraso -más de cinco horas-, el usuario tiene derecho a pedir el reintegro del importe del billete o de la parte del trayecto retrasado, siempre y cuando el pasajero no tome el vuelo posterior. También podrá elegir volar en un trayecto de vuelta al punto de partida lo antes posible, si fuese necesario.

Los afectados podrán elegir el reembolso en siete días del coste íntegro del billete en el precio al que se compró, correspondiente a la parte del viaje no efectuada y a la parte del viaje efectuada si el vuelo ya no tiene razón de ser. O por otra parte, escoger la conducción hasta el destino final en condiciones de transporte comparables, lo más rápidamente posible o en una fecha posterior que convenga al usuario.

FACUA aconseja también a los usuarios que exijan indemnizaciones por los perjuicios causados, que pueden ir desde el daño que conlleva la anulación de unas vacaciones, pérdida de excursiones, noches de hotel, etc.; hasta las cantidades extra que tengan que asumir como consecuencia de la espera de un nuevo vuelo, o la compra de otro billete por la pérdida de una conexión.

La aerolínea está obligada, recuerda la asociación defensora de los derechos de los consumidores, a ofrecer a los pasajeros afectados el derecho de atención o asistencia. Así, deberá proporcionarles comida y refrescos suficientes para el tiempo que sea necesario esperar, la posibilidad de hacer dos llamadas telefónicas o mensajes y el alojamiento gratuito en un hotel cuando sea necesario pernoctar una o varias noches.

Por úlitmo, la asociación advierte que la compañía deberá resarcir íntegramente de éstos daños de conformidad al usuario que acredite este perjuicio conforme a las normas que regulan la responsabilidad civil contractual o, en su caso, la responsabilidad civil extracontractual, según la normativa nacional de cada Estado.

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