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El juez reprocha a la UCO la insolvencia del informe sobre Rato

Rodrigo Rato

Rodrigo Rato en una imagen de archivo

Archiva la investigación por supuesto blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos contra el ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía

El juez del caso Rato, Antonio Serrano-Arnal, ha archivado de manera provisional la investigación por supuesto blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos contra el ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía al estimar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) basó su denuncia en «sospechas sin sustento fáctico alguno».

Según el auto, «queda sobradamente razonada la inexistencia de un delito de blanqueo» y los indicios expuestos en el informe de la UCO «no son nada más que una sospecha que no termina de concretar el atestado». El juez considera que el atestado de la UCO validó «una coincidencia con diferentes lecturas», sin que estas «vayan más allá de una mera hipótesis» y de «sospechas, suposiciones y conclusiones que no van más allá de ofrecer una perspectiva global». «Este Juzgado no tiene encomendada la especulación y la búsqueda de indicios basados en sospechas», concluye.

La UCO acusa a Rodrigo Rato en su informe de «haber aprovechado la privatización de las grandes empresas» estatales cuando era vicepresidente económico para colocar en sus presidencias a personas de confianza y que posteriormente estas empresas firmaron contratos de publicidad «por importes excesivos, con una abultada sobrefacturación» con la empresa Cor Comunicación, propiedad de Rato.

Los agentes hablan de «sustanciosas comisiones» percibidas por el ex ministro, lo que supondría un delito de cohecho, que posteriormente habrían sido blanqueadas «utilizando un entramado de mercantiles españolas y extranjeras que controlaba». La Guardia Civil estima en 71,9 millones de euros la facturación total, de los que 21,3 millones habrían ido a parar a las sociedades Muinmo y Cor Comunicación, y considera que esos fondos eran parte del dinero «de origen desconocido» que la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF) consideraba defraudado a Hacienda.

El juez Serrano expone que el supuesto cohecho, que no considera acreditado ya que la UCO no aporta «ni un solo indicio», estaría prescrito, ya que Rato abandonó el Gobierno en 2004.

Además señala que ese tipo de nombramientos dependen de una «aprobación colegiada» y no eran de la «exclusiva competencia» de Rato. También considera la «absoluta falta de indicios en cuanto a la comisión del delito de malversación» e insiste en que «es necesario acreditar el acto delictivo que genera los bienes blanqueados».

No obstante, el magistrado admite que las actividades de Rato pueden considerarse «abusivas e inmorales, impropias de la condición política del investigado» y podrían haber quebrantado las normas sobre incompatibilidades políticas.

El juez Velasco que investiga el «caso Púnica» rechazó hace 10 días otro informe de la UCO en el que la división especializada de la Guardia Civil acusa a Cristina Cifuentes por los delitos de prevaricación y cohecho

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