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El Gobierno regularizará a 15.000 MENAS

José Luis Escrivá

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante una rueda de prensa en Moncloa (Foto: César P. Sendra)

Con la reforma del Reglamento de Extranjería publicada este miércoles en el BOE

Alrededor de 8.000 menores están bajo la tutela de las Comunidades Autónomas y se calcula que hay al menos otros 7.000 ex tutelados que ya son mayores de edad y que ya no serán expulsados de España

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El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma del Reglamento de Extranjería para ‘favorecer’ la regularización de al menos 15.000 MENAS, menores no acompañados que entraron ilegalmente en España y que aún permanecen en territorio nacional.

El Gobierno de Pedro Sánchez no se plantea devolver a los menores a sus padres en sus países de origen. Los planes del Ejecutivo socialcomunista es ‘tutelarles’ y concederles ayudas hasta que cumplan 18 años.

Con la normativa actual los menores que cumplían los 18 años quedaban en situación de irregularidad. Con la reforma propuesta por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá, las oficinas de extranjera estarán obligadas en el plazo de tres meses a darles la documentación que impedirá su repatriación.

Para ello se modifican los artículos 196, 197 y 198 del Reglamento de Extranjería y se establece un nuevo régimen jurídico que promueve su inclusión y facilita su acceso al mercado laboral a partir de los 16 años (y tras cumplir 18 años). Esto permitirá que los jóvenes ex tutelados que ahora tienen entre 18 y 23 años y que están en situación de irregularidad puedan acceder a una autorización de trabajo.

Con las modificaciones normativas se crea un régimen propio para los menores no acompañados que alcanzan la mayoría de edad. Para aquellos que llegan a los 18 años documentados (artículo 197), se establece un régimen propio sin referencias a residencia no lucrativa, lo que favorece la continuidad de la autorización que tenía como menor. Además, se reduce la acreditación de medios suficientes a una cuantía más adecuada (el Tribunal Supremo estableció en el 100% del IPREM el requisito económico para la autorización inicial y del 400% del IPREM en la segunda renovación), se fija como requisito la cuantía máxima de Ingreso Mínimo Vital que se tendría derecho a percibir como hogar unipersonal (470 euros al mes actualmente) y se permite que se computen los ingresos procedentes de un empleo o del sistema social.

En el caso de los menores que llegan a los 18 años sin documentar, se modifica el artículo 198 para establecer un nuevo sistema para documentar a aquellos jóvenes que no lo están al llegar a la mayoría de edad. Estos jóvenes accederían a una autorización para residir y trabajar con los mismos requisitos mencionados anteriormente. En ambos casos, tanto para quienes hayan llegado a la mayoría de edad documentados como sin documentar, se tendrán en cuenta los informes sobre esfuerzo de integración, continuidad de estudios o formación.

Las ONG consideran estos cambios legislativos un paso histórico porque, finalmente, se facilita que todos los niños que llegan solos a España ilegalmente puedan cumplir la mayoría de edad en territorio nacional sin que sean devueltos a sus padres en sus países de origen. Según estas ONG el actual reglamento no respetaba los compromisos internacionales suscritos por España y no tenía especialmente en cuenta la consideración primordial del interés superior del menor.

A partir de ahora la vigencia de todas las autorizaciones de residencia será de 2 años, salvo la de la renovación como menor de edad, que pasa a ser de 1 año a 3 años y, cuando proceda, será la Autorización de Larga Duración. De esta manera ya no podrán darse casos de menores que estando tutelados tengan autorización para residir en España y que esta caduque o se extinga al cumplir los 18 años.

En cuanto a las condiciones de las renovaciones para aquellos jóvenes que en el momento de renovar no estén trabajando se valora que estén dentro de programas de integración social y laboral y que acrediten medios de vida a través de un programa desarrollado por una institución pública o privada. Con esto se reducen los más de 2.000 euros mensuales que hasta ahora tenían que acreditar como medios de vida a sólo 480 euros al mes.

Una de los cambios mejor valorados por las ONGs es que la Reforma contempla rescatar a miles de jóvenes ‘que han quedado en el limbo más absoluto’. Las entidades están convencidas de que con esta reforma se va a impulsar la inserción sociolaboral de miles de jóvenes de entre 18 y 23 años, siempre y cuando puedan acreditar haber estado bajo la protección del Sistema Público de Protección de Menores en algún momento durante los últimos 5 años, reconociéndoles la retroactividad de los efectos de este nuevo reglamento al momento en que accedieron al Sistema de Protección siendo niños y niñas.

Sin embargo, queda flecos que preocupan a estas entidades: el destino final que tendrán aquellos jóvenes que, si bien podrían acogerse a esta reforma, no lo podrán hacer por tener en su pasado reciente alguna causa pendiente o antecedente penal. Asimismo, quedan fuera de la aplicación del Reglamento todos aquellos niños que no accedieron nunca al sistema de protección de menores al verse sometidos al procedimiento de determinación de la edad a pesar de tener acreditada su edad e identidad por sus Embajadas y Consulados correspondientes.

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