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Hacienda refuerza el control de los pagos del FLA a Cataluña

Cristóbal Montoro

Montoro «ha intervenido» la economía de Cataluña

El Interventor de Cataluña deberá remitir a Hacienda una actualización mensual de toda la ejecución del Presupuesto de la Administración catalana y de sus empresas u organismos

El certificado incluirá la relación de actos sobre los que ha tenido conocimiento el Interventor y que no contravienen la Constitución o las leyes

El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado adoptar medidas adicionales para garantizar la prestación de los servicios públicos en Cataluña.

El Gobierno y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, consideran que en las últimas semanas se han producido una serie de acontecimientos en Cataluña que ponen en riesgo el interés general.

Entre estos acontecimientos está el empeoramiento notable de su calificación crediticia, que actualmente está en bono basura o inversión especulativa. Esta situación encarece y restringe el acceso de Cataluña a los mercados y afecta a la financiación de la región a corto plazo. Por otra parte, la mala situación de las finanzas públicas catalanas puede impactar negativamente en la percepción de riesgo de todo el país.

En estos momentos, la información económico financiera facilitada por la Comunidad está cuestionada debido al afloramiento de más de 1.300 millones de euros de gasto que tendrán un impacto negativo en el déficit de 2015 y que puede afectar al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas (AAPP) en su conjunto.

Además, las manifestaciones de alguno de los representantes de las instituciones catalanas sobre el impago de la deuda con las farmacias –en noviembre de 2014 Bruselas animó a los farmacéuticos catalanes a denunciar a la Generalitat o expresando públicamente su voluntad de incumplimiento de las leyes, ha puesto en riesgo la estabilidad y el normal funcionamiento de las AAPP y el resto de instituciones catalanas y ha generado una situación de incertidumbre económica que perjudica a ciudadanos y empresas.

En este contexto, la CDGAE ha reforzado la condicionalidad del FLA para Cataluña para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos. En su adhesión al FLA, que es voluntaria, Cataluña ha asumido el compromiso de cumplir cualquier disposición que desarrolle este mecanismo adicional de financiación.

Las nuevas condiciones tienen como fin último garantizar que los ciudadanos tengan igual acceso a los servicios públicos. Así, los recursos a los que acceda la Comunidad Autónoma gobernada en funciones por Artur Mas con cargo al Fondo de Financiación Autonómico se desembolsarán directamente a los proveedores y, como novedad, los pagos se destinarán exclusivamente a pagar los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales).

Cataluña deberá solicitar autorización a Hacienda si considera necesario atender algún otro pago relacionado con servicios públicos distintos. Y al solicitarlo, deberá motivar las razones por las que no puede atender esos servicios con el resto de recursos.

Las facturas deberán estar disponibles en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe). Incluso deberá conectar su registro contable para remitir, simultáneamente, información de todas sus facturas, presentadas en papel o en electrónico. Y deberá informar diariamente, desde el registro contable a FACe, del estado de tramitación de cada factura.

Además, el interventor general de la Comunidad Autónoma deberá remitir un certificado inicial, en 10 días, donde quede constancia de la situación económico-financiera real de Cataluña. A partir de esta información podrán ponerse en marcha los pagos que se ajustarán estrictamente a lo previsto. Y para garantizar que se hace así, el interventor general facilitará mensualmente un certificado con toda la información de los pagos realizados en el mes anterior que además deberán respetar la legalidad vigente.

El certificado incluirá una declaración del Intervención de certifique que los actos sobre los que ha tenido conocimiento no contravienen la Constitución o las leyes.

El desembolso de los recursos con cargo al Fondo de liquidez autonómico se ajustará a un calendario de tramos mensuales y estará condicionado a que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas verifique el cumplimiento de lo previsto en este acuerdo.

El Consejo de Ministros podrá ir autorizando operación por operación, el endeudamiento a largo plazo y, cuando corresponda, autorizando por tramos las operaciones de endeudamiento a corto plazo, en los términos y condiciones que dicho órgano determine y en la medida en que se acredite mensualmente el cumplimiento de lo previsto en este acuerdo por parte de Cataluña.

Por otra parte, en cuanto a empleados públicos y autoridades, la Administración General del Estado prestará el amparo necesario a las autoridades y empleados públicos que prestan servicios en Cataluña para que puedan cumplir la legalidad así como cumplir con el resto de disposiciones reguladoras de este mecanismo de financiación. Para ello, podrán acceder a un sistema electrónico para informar de las dificultades que tengan para cumplir con sus obligaciones en aplicación de las medidas derivadas de este Acuerdo, así como formular consultas o informar sobre las posibles dudas.

La Delegación del Gobierno en Cataluña recibirá y gestionará los informes y consultas incorporados al referido sistema electrónico. La posibilidad de informar también estará a disposición de terceros, que puedan tener dudas sobre nulidad o anulabilidad de determinados actos administrativos.

Será el propio Cristóbal Montoro el encargado de informar a la CDGAE del resultado de las actuaciones llevadas a cabo por el Comité Técnico de Cuentas Nacionales para la verificación y contraste de la información económico financiera de la Cataluña.

Estas medidas se aplicarán hasta que desaparezca la situación de riesgo de la Comunidad Autónoma de Cataluña o mientras sean necesarias para garantizar la prestación de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma.

El contenido del presente acuerdo será publicado en el Boletín Oficial del Estado.

A pesar de lo que pueda parecer y a preguntas de los periodistas, el ministro de Hacienda ha asegurado con rotundidad, durante la rueda de prensa en la que se han anunciado estas medidas tomadas en Consejo de Ministros, que «el Gobierno no tiene intervenidas las cuentas de la Generalitat de Cataluña ni de ninguna otra comunidad autónoma«. Y, por otra parte, ha garantizado que «ni un solo euro» de las cantidades transferidas a la comunidad catalana en el marco de las medidas de liquidez se ha destinado a financiar «veleidades» independentistas, contrarias a la legalidad o a la Constitución.

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