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El Gobierno recurrirá ante el TC la ley canaria sobre vivienda

Paulino Rivero

Paulino Rivero se extralimitó en sus competencias

Permitía la expropiación de casas deshabitadas

El Consejo de Ministros ha aprobado recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda de aprobada por el Gobierno de Canarias en 2014 que permitía la expropiación de viviendas que estuviesen deshabitadas para «garantizar el derecho a la vivienda».

Al igual que hizo con los recursos contra leyes similares dictadas en Andalucía y Navarra, el Gobierno alega los mismos motivos que en esas ocasiones.

La Ley canaria incluye como contenido esencial del derecho de propiedad privada de las viviendas el deber de destinarlas de forma efectiva al uso habitacional y, en consecuencia, define el concepto de «vivienda deshabitada», regulando infracciones y sanciones en conexión con dicho concepto.

Pero el Gobierno central considera que el derecho de propiedad es un derecho de naturaleza civil cuyas condiciones han de ser reguladas por el Estado para que su ejercicio sea igual en todo el territorio nacional. Así, la Comunidad Autónoma de Canarias no es competente para «intervenir».

Se da la circunstancia de que la Ley canaria, además, introduce medidas para evitar la existencia de viviendas deshabitadas e impone sanciones en base no a la constatación de que estén deshabitadas, sino a través de presunciones o suposiciones (denominados «indicios de no habitación»), a las que se otorga valor sin admitir pruebas contrarias. Y señala como infracción muy grave «no dar uso habitacional efectivo a la vivienda en el caso de tratarse de una persona jurídica».

Respecto a estas sanciones, el Gobierno considera que Canarias, al no ser competente para determinar deberes en el ámbito del derecho de propiedad, no puede tampoco determinar las infracciones. Por otra parte, la Ley discrimina arbitrariamente a las personas jurídicas, haciendo depender la existencia del tipo infractor de que el propietario de la vivienda será una persona física o jurídica.

Por último, vulnera los principios constitucionales de proporcionalidad, seguridad jurídica y no discriminación, ya que solamente afecta a los procedimientos instados por determinadas entidades, las «entidades financieras o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos», sin la adecuada justificación.

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