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El Gobierno promete realizar el mayor ajuste desde 2013

María Jesús Montero

Cuentan que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se saltó la regla de gasto cuando era consejera de Hacienda de Andalucía (Foto: JM Cuadrado)

Contesta a Bruselas, que duda de las cuentas públicas presentadas por el Ejecutivo socialista

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido con la Comisión Europea a llevar a cabo «el mayor esfuerzo estructural implementado por España desde 2013».

En la carta enviada a Bruselas como contestación a la recibida el viernes por el Ejecutivo en la que las autoridades europeas expresaban sus dudas sobre el impacto de las medidas que recoge el Plan Presupuestario remitido el pasado 15 de octubre, Moncloa recuerda que la reducción del déficit del 0,4% «cumple con las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento». 

En su misiva –que puede leer aquí en inglés– la Comisión Europa advierte de que puede haber un riesgo de que España se desvíe del ajuste estructural que le exige Bruselas en 2019 y requiere más información sobre las medidas incluidas en el borrador de Presupuestos acordado entre Sánchez e Iglesias, el líder de Podemos.

«Basados en la limitada información disponible, no podemos excluir un riesgo de alguna desviación del esfuerzo requerido» en 2019, señala el texto en referencia a la reducción del déficit estructural que la Comisión exige a España el año próximo.

El Ejecutivo comunitario señala en su documento que está previsto un aumento nominal del gasto primario del 1,7%, que «excede el aumento máximo recomendado del 0,6%», así como un ajuste estructural del 0,4% del PIB (unos 4.600 millones de euros), que se queda por debajo del 0,65% (unos 7.600 millones) recomendado.

El Ministerio de Economía defiende que el ajuste de 0,4 puntos del PIB, «si bien está por debajo de los 0,65 puntos recomendados por las instituciones comunitarias, se sitúa dentro de los márgenes de flexibilidad previstos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento».

El Ejecutivo argumenta que el plan enviado está basado en unas proyecciones macroeconómicas y presupuestarias «prudentes» y que han sido respaldadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Lo que es cierto. Además de defender la reducción estructural del déficit, subraya la «determinación del gobierno español de acelerar el ritmo de disminución de la deuda», que se demuestra con las medidas estructurales previstas y la prioridad dada para conseguir un superávit primario en 2019.

Respeto al gasto, se argumenta que la diferencia respecto a las recomendaciones recibidas por la Comisión entra dentro del 0,5% del margen de flexibilidad permitido.

En una muestra de la «diligencia y ambición» del Gobierno para conseguir los ingresos previstos en el plan presupuestario, el Consejo de Ministros del viernes aprobó dos de los nuevos impuestos: el de transacciones financieras y el impuesto sobre servicios digitales -la llamada tasa Google-. Se aprobó también el proyecto de ley para luchar contra el fraude fiscal -incluida la limitación de pago en efectivo a 1.000 euros-.

Con estas tres iniciativas el Ejecutivo prevé ingresar unos 2.900 millones de euros.

La nueva legislación contra el fraude obligará a informar sobre el uso de criptomonedas, incluye sanciones para los fabricantes de software que permite a las empresas facturar en ‘B’, reduce el límite de los pagos en efectivo y baja el umbral de deuda para entrar en las listas de morosos. Además prohibirá por ley las amnistías fiscales y ampliará la lista de países considerados paraísos fiscales.

El nuevo impuesto de transacciones financieras gravará un 0,2% la compra de acciones de empresas españolas cotizadas con una capitalización superior a 1.000 millones. Se calcula que ayudará a recaudar 850 millones, que se destinarán a las pensiones.

En cuanto a la llamada ‘tasa Google’, supondrá un gravamen del 3% sobre los ingresos generados por servicios de publicidad online, por los servicios de intermediación entre empresas y clientes a través de internet y la venta de datos de usuarios, que afectará a compañías con una facturación global de 750 millones e ingresos en España de al menos 3 millones.

«Dada la naturaleza legal de estas medidas, consideramos que deben tenerse en cuenta en su análisis, como ha ocurrido en el pasado», añade el Ejecutivo socialista en su contestación a Bruselas.

Sin embargo, hay otro aspecto del documento enviado por España que preocupa en el seno de la Unión. En Bruselas «toman nota» de que el proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 que se enviará al Parlamento Español -tras negociarlo con nacionalistas e independentistas a cambio de su apoyo- no es el mismo que se ha presentado a la Comisión Europea. Por eso sugieren desde la capital de la UE que «si hubiera diferencias sustanciales entre uno y otro le invitamos a presentar lo antes posible un borrador actualizado a la Comisión Europea y al Eurogrupo, e informarnos sobre cualquier desarrollo o decisión fiscal que se tomará en las próximas semanas».

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