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El Gobierno prohíbe las narcolanchas

Narcolancha

La velocidad de estas embarcaciones complican su detención

Las embarcaciones de alta velocidad neumáticas y semirrígidas utilizadas para el tráfico de drogas y personas podrán ser incautarlas incluso en tierra y sin carga

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-ley por el que prohíbe las ‘narcolanchas’, las embarcaciones que utilizan habitualmente los narcotraficantes y las mafias, especialmente en las costas del Campo de Gibraltar, para traficar con drogas y personas.

El anterior Gobierno ya estaba redactando una ley para acabar con estas naves con las que, como han detectado en los últimos meses las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las bandas criminales, que la usaban normalmente para el narcotráfico, las están utilizando para introducir en España inmigrantes africanos a través del Estrecho de Gibraltar.

Desde 2012 a septiembre de 2018 los ‘narcos’ han intentado introducir más de 165 toneladas de hachís en estas embarcaciones. Vigilancia Aduanera ha intervenido 81 y ha detenido a 282 personas.

La nueva norma penalizará el uso ilegítimo de las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad, también denominadas ‘RHIBS’ y permitirá incautarlas incluso en tierra. La simple tenencia de este tipo de barcos constituirá un supuesto de contrabando y permitirá a las fuerzas de seguridad su inmediata intervención. Además, la medida impedirá el transporte ilegal de personas en el Estrecho de Gibraltar.

El Real Decreto-ley afecta a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad de más de ocho metros de eslora, así como a las de longitud igual o inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios, y a cualquier otra embarcación, con independencia de dimensiones y potencia, si existen indicios racionales enumerados en la propia regulación de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar la comisión de un delito de contrabando.

Hasta la entrada en vigor de la normativa se establece un periodo de seis meses en el que los propietarios de este tipo de naves puedan regularizar la situación de sus embarcaciones. Al efecto se creará un registro para los que quieran utilizar estas embarcaciones legalmente.

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