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El Gobierno pide respeto para los imputados en el caso Castor

Jorge Sanz Oliva

Jorge Sanz Oliva está imputado por fraude (Foto: tecnicaindustrial)

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha dicho este martes que hay que ser «sumamente respetuosos» con el caso del almacén subterráneo de gas Castor, por el que han resultado imputadas 18 personas por supuestos delitos de prevaricación medioambiental.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, Soria ha afirmado que, «como en cualquier tipo de causa o instrucción judicial, queremos ser sumamente respetuosos con las iniciativas de los jueces”.

Soria ha dicho esto después de que la juez de instrucción de Vinaròs (Castellón) encargada del caso contra el almacén de gas Castor haya decidido este lunes, tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Castellón, imputar a 18 personas por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

La Fiscalía dirige sus acusaciones contra los que eran responsables del Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y contra la empresa que construyó y explotó la planta, Escal UGS.
En concreto, acusa al ex director general de Política Energética y Minas entre 2004 y 2009, Jorge Sanz Oliva, y a los responsables de otorgar en 2009 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable de no contemplar el riesgo sísmico.

Soria ha recordado que este almacenamiento subterráneo situado frente a las costas de Castellón es «fruto de una autorización administrativa de 2008» enmarcada en una determinada planificación energética». En este sentido, el ministro ha indicado que dicha planificación impulsaba almacenamientos subterráneos, oleoductos y regasificadoras, pero que la evolución de la demanda de energía y de gas «no fue acorde con los objetivos de aquella planificación por lo que actualmente hay capacidad sobrante».

En cualquier caso, el titular de Industria ha defendido los pasos dados por el actual Gobierno respecto al proyecto Castor, al realizar una revisión a la baja de la retribución al 10% prevista en el decreto de autorización de 2008.

Además, el Consejo de Ministros declaró la lesividad de algunas cláusulas de dicho decreto y paralizó todo tipo de actividad como consecuencia de los movimientos sísmicos registrados en la zona.

En concreto, en septiembre de 2013 se produjeron en el entorno del almacén de gas unos 400 seísmos de baja magnitud, de los que cuatro tuvieron una intensidad de 4 en la escala de Ritcher, y fueron percibidos por la población.

Tras paralizar el proyecto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy autorizó en octubre del año pasado una indemnización de 1.350 millones de euros, tras aceptar la renuncia a la concesión de Escal UGS, empresa participada por el Grupo ACS, y estableció la hibernación de la instalación prohibiendo la extracción o inyección de gas en el almacén hasta que los expertos no garanticen de forma «fehaciente» que no hay riesgos por su puesta en marcha.

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