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El Gobierno ofrece reformar Constitución y Estatut

Meritxell Batet

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, sentada a la izqiuerda

En la primera comisión bilateral entre Gobierno y Generalitat celebrada desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ofreció ayer al conseller de Acción Exterior y Relaciones Institucionales de la Generalitat, Ernest Maragall, «un proyecto para Cataluña» que pasa por culminar los traspasos de competencias pendientes, reducir la conflictividad con la Generalitat, activar las inversiones en esta región y llegar a acuerdos para aliviar las dificultades financieras del Govern.

En la primera reunión «bilateral» entre el Gobierno y la Generalitat celebrada ayer en Barcelona Batet propuso una reforma de la Constitución y otra del Estatut que serían sometidas a referéndum.

El Ejecutivo reiteró su rechazo al referéndum de independencia que pide el Govern, que planteó crear un grupo de trabajo sobre este asunto para analizar cómo poder convocar una consulta pactada. «No existe el derecho de autodeterminación», subrayó Batet.

En cuanto a los independentistas presos, la ministra recordó que su libertad es competencia de la Justicia no del Gobierno. Batet, que pidió a los dirigentes catalanes que garanticen la «neutralidad» del espacio público, anunció que el Ejecutivo activará todas las comisiones mixtas Generalitat-Estado y las subcomisiones previstas en el Estatut relativas a financiación, infraestructuras, inversiones y traspasos. El Consejo de Ministros designará en agosto a sus representantes en estos órganos.

En concreto, se constituirán la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat; la Comisión Bilateral de Infraestructuras y la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat,  así como las subcomisiones que dependen de la Bilateral Generalitat-Estado.

Para la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Financieros, el Gobierno ha pedido a la Generalitat que participe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y se incorpore a sus dos grupos de trabajo recientemente creados, uno sobre tributos propios y otro sobre financiación.

Para la Comisión Mixta de Transferencias, «paralizada durante años», el Gobierno de España ha defendido su puesta en marcha inmediata con el objetivo de revisar traspasos pendientes, como el de becas y ayudas al estudio, y ha propuesto actualizar la agenda que se interrumpió en 2012.

Respecto a las Comisión de Infraestructuras, Batet puso encima de la mesa dos compromisos: uno, político, de «hacer un esfuerzo con Cataluña», porque «es una manera de hacer política social y reducir desigualdades», y un segundo para recuperar la Disposición Adicional Tercera del Estatut, que dice que «la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras (…) se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un período de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas».

Además, la ministra adelantó que el Ejecutivo se replanteará los recursos presentados por el anterior Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra normas catalanas para «buscar el encaje constitucional a esas normas».

Por su parte, el conseller de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Ernest Maragall, dijo que «en la reunión no se ha mencionado ni se ha aportado la más mínima definición de este proyecto para Cataluña» y criticó que el Gobierno «en ningún momento ha planteado ninguna idea ni propuesta de fondo».

Aunque valoró positivamente que se haya establecido un calendario de comisiones y subcomisiones para abordar «cuestiones concretas», lamentó que no se hubiera puesto sobre la mesa una «solución inmediata» para recuperar el contenido de leyes sociales suspendidas o recurridas al Tribunal Constitucional.

El representante del Govern aludió a la «distancia» de planteamientos entre ambos gobiernos, sobre todo acerca de los «presos y los exiliados» y el referéndum de autodeterminación. «Queríamos hablar de cosas que para Cataluña son muy importantes en materia de derechos», dijo en referencia a estos asuntos, «pero nos hemos encontrado con un ‘no'» y «ningún avance». «Esto no nos parará», advirtió.

Tras la reunión de casi cuatro horas, el conseller Maragall, dijo que el primer encuentro ha servido para constatar que el Gobierno de la Generalitat y el Estado «tenemos conceptos de normalidad muy diferentes». Maragall subrayó que a pesar de que quería «hablar de derechos y libertades, y por tanto de los presos políticos y los exiliados», la conclusión es un ‘no’ del Estado, que «parece ajeno a todo lo que ha pasado».

«Parece que estamos muy lejos de entender qué significa bilateralidad. Ellos la niegan en la práctica o la reducen a una simple gestión técnico-administrativa», lamentó Maragall.

Ernest Maragall

Ernest Maragall considera «positiva» la reunión

A pesar de la postura de España, el consejero aseguró que «insistiremos, continuaremos dialogando y ganaremos aunque se nos diga que hay temas de los que no se puede hablar». «Para nosotros es fundamental esta total negativa a tratar los derechos y libertades del país y la total negativa a entrar a tratar las vías de participación democrática. ¿Como quiere afrontar el gobierno central la cuestión catalana? ¿Con qué actitud?», remarcó.

En este sentido, Maragall advirtió que «esto es política, será largo y duro, pero tenemos un calendario. Antes de diciembre de 2018 habremos celebrado todas las reuniones de todas las comisiones. Veremos paso a paso hasta donde llegaremos».

La reunión estuvo presidida por el conseller Ernest Maragall, al que han acompañado, por parte de la Generalitat, el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Pedro Aragonés; la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi; la secretaria general de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Mercè Salvat; el delegado del gobierno de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell; el director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francisco Esteve; y el director general de Relaciones Institucionales y con el Parlamento, Aleix Villatoro.

Por parte del Gobierno, la ministra Meritxell Batet encabezó la comitiva integrada por los secretarios de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez; de Hacienda, Inés María Bardón; de Infraestructuras, Pedro Saura; y de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; y el secretario de la representación del Estado español, José María Pérez.

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