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El Gobierno lleva ante la Justicia a la Generalitat por erradicar el castellano de Cataluña

Monserrat Gomendio

Gomendio, secretaria de Estado de Educación

Reclama que en Cataluña se ofrezca un 25% de clases en castellano

La Abogacía del Estado ha presentado, a instancias del Ministerio de Educación, un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que reclama abrir un nuevo plazo de matriculación en los centros de enseñanza catalanes en el que «se incorpore en su oferta y planificación educativa» el uso del castellano en una proporción del 25% «como mínimo».

El Gobierno ha tenido que tomar esta medida porque la Consejería de Educación catalana no ha permitido, en sus pliegos de admisión y matrícula, que los padres puedan solicitar enseñanza en castellano. A cambio, ha ofrecido mantener la atención individualizada para los alumnos cuya lengua materna sea el castellano en el primer curso de infantil, lo que incumple su obligación legal de garantizar la enseñanza en castellano como lengua vehicular.

Desde el Ministerio de Educación, Monserrat Gomendio justifica la decisión –puede verlo en nuestro canal de Youtube– en que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han declarado reiteradamente el derecho a que el castellano se utilice como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en una proporción razonable.

La resolución recurrida ante el TSJ de Cataluña evidencia que la Generalitat actúa una vez más en contra de la mencionada doctrina constitucional y de la jurisprudencia, al no establecer mecanismo administrativo alguno que posibilite el uso del castellano como lengua vehicular.

«Y dado que la Generalitat ha optado por seguir aplicando el mismo sistema que en cursos precedentes, este Ministerio ha entendido necesario, en el ejercicio de sus competencias, apelar a los Tribunales para corregir esta situación«.

Tras conocerse la presentación del recurso, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de querer «cambiar Cataluña a través de sentencias» porque «no puede hacerlo con los votos».

Por su parte, la consejera de Educación, Irene Rigau, acusó al Gobierno de querer «matar» el modelo de inmersión lingüística. Además, anunció que el Govern no cambiará «nada» y las matriculaciones se harán como estaba previsto.

Pero en el recurso presentado por la Abogacía del Estado se solicita, como medida cautelar y en tanto no se resuelve el mismo, hacer efectivo el derecho de los alumnos escolarizados en Cataluña a recibir, si así lo solicitan sus padres o tutores, una enseñanza en la que el castellano sea utilizado junto con el catalán como lengua vehicular en la impartición de las asignaturas, fijándose provisionalmente como mínimo de referencia un 25% de las horas efectivamente lectivas (lo que supone en la práctica una asignatura troncal o análoga además de la de lengua castellana y literatura) a impartir de forma colectiva, en materias troncales o análogas, en cada clase, curso y centro, de conformidad con los reiterados pronunciamientos previos del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictados en aplicación de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Y es que el modelo de inmersión lingüística implantado en Cataluña erradica en la práctica el uso del castellano como lengua vehicular ya que hasta la fecha sólo se imparte en castellano la asignatura de Lengua castellana y literatura, como si de una lengua extranjera se tratase.

El Gobierno de España explica que la intención del recurso no es la de desplazar al catalán, ni acabar con el sistema de inmersión lingüística en Cataluña, sino que el castellano esté integrado en la oferta educativa de los centros en una proporción razonable.

Y advierte que es sólo en Cataluña donde no se ha encontrado una solución a este problema. «En otras Comunidades Autónomas se han encontrado soluciones que mayoritariamente optan por sistemas integrados bilingües o plurilingües, en los que una proporción de asignaturas se imparte en cada lengua, garantizándose los derechos lingüísticos de las familias», alegan.

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