1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (Sin votos)
| Print This Post

El Gobierno impugna ante el TC la candidatura de Puigdemont

Soraya Sáenz  de Santamaría

La vicepresidenta del Gobierno durante la rueda de prensa en Moncloa (Foto: J.M. Cuadrado)

A pesar del cuestionamiento por parte del Consejo de Estado, que considera que el momento no es el propicio

El TC estudiará este sábado si admite el recurso de Ejecutivo

​El Consejo de Ministros ha acordado impugnar la resolución que el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, dictó el 22 de enero en la que proponía que el diputado Carles Puigdemont sea candidato a la Presidencia de la Generalitat.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, que el Ejecutivo tiene «el compromiso político» y «el deber constitucional» de emplear todas las herramientas legales para proteger a España, el Estado de derecho y la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña, «con todo el respeto a los procedimientos».

«Como Gobierno tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien que esté huido voluntariamente de la justicia, que se ha sustraído a la ley y a los tribunales, pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un Gobierno autonómico», ha manifestado la número dos del Ejecutivo.

Sáenz de Santamaría, que adelantó el jueves la decisión del Ejecutivo, ha recordado que Puigdemont está en busca y captura en territorio nacional por delitos tan graves como los de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia, «delitos por los que se ha negado a rendir cuentas ante el Tribunal Supremo».

La ministra ha apuntado que el Ejecutivo solicitó dos informes al Consejo de Estado, uno preceptivo sobre la impugnación de la resolución del presidente del Parlament y otro potestativo para consultar su opinión sobre diferentes asuntos, como la delegación de voto de los diputados que estén ausentes y fuera del territorio nacional y la posibilidad de las investiduras no presenciales o telemáticas o bien por delegación de aquellos que no se encuentren en el hemiciclo.

El Ejecutivo, ha explicado Soraya Sáenz de Santamaría, recibió ayer los informes: «La consulta potestativa, que era favorable, y la preceptiva pero no vinculante, que comparte los argumentos jurídicos pero discrepa del Gobierno sobre el momento temporal». En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que el Gobierno respeta los criterios jurídicos del Consejo de Estado, pero considera que tiene «argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político» de evitar que Puigdemont continúe con su desafío al Estado de derecho.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, la vicepresidenta ha subrayado que «estamos viviendo un momento inédito» y sin precedentes en nuestro país: que pretenda ser investida una persona con una orden de busca y captura. Eso es lo que el Gobierno quiere evitar, «esto es el quid de la cuestión», ha remarcado.

Sáenz de Santamaría ha agregado que, «habida cuenta de que hay otros diputados», corresponde al presidente del Parlament tomar la decisión de continuar adelante proponiendo una persona que cumpla los requisitos y tenga plenas libertades para ejercer la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.

En su recurso el Ejecutivo hace expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución para suspender las resoluciones del 22 de enero de 2018, por la que el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, propone a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, y la de 25 de enero por la que se convoca el Pleno de investidura. También se pide al Tribunal Constitucional que, decrete la suspensión de las resoluciones impugnadas y se notifique personalmente al presidente y demás miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña.

Igualmente, se solicita al Tribunal Constitucional que en dicha notificación se advierta al presidente del Parlament y demás miembros de su Mesa de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias acuerdo o actuación alguna que permita proceder a un debate de investidura cuyo candidato a la Presidencia de la Generalitat sea Carles Puigdemont, con expresa advertencia de las consecuencias penales en caso de que así no se haga.

Para asegurar el mayor conocimiento de la providencia de suspensión, se pide al Tribunal Constitucional que ordene la publicación inmediata de la providencia de suspensión en el Boletín Oficial del Estado y que proceda a cursar las notificaciones con la mayor brevedad posible y por los trámites más inmediatos a su disposición.

Roger Torrent

Roger Torrent en el Parlament de Cataluña

A la decisión adoptada por el Gobierno ha contestado el presidente del Parlament, Roger Torrent, quien ha exigido «respeto por el resultado electoral, por los derechos de todos los diputados de la cámara, por el Parlamento, por la democracia parlamentaria y por los votos de los catalanes».

Para Torrent, «la impugnación es un fraude de ley que atenta contra los derechos de los electores y de los diputados y contra la democracia parlamentaria y los fundamentos más básicos del sistema democrático» y «no tiene ningún fundamento jurídico, lo sabe cualquier jurista, lo sabe cualquier persona con unas mínimas nociones de derecho, y así lo ha expresado claramente el propio Consejo de Estado «. En este sentido, ha anunciado que «los servicios jurídicos del Parlamento están analizando ya la decisión del Gobierno, a la espera de la decisión que tome el Tribunal Constitucional».

El president de la cámara regional ha dicho que, desde que llegó al cargo, ha apelado «al diálogo y a la política» y que «la única respuesta recibida por parte del gobierno español han sido las amenazas, la judicialización y la represión». Para él es una «enorme irresponsabilidad política querer ganar en los tribunales lo que no se ganó en las urnas».

Torrent ha remarcado que Puigdemont «cumple todos los requisitos legales para ser candidato y tiene absoluta legitimidad para serlo», y ha recordado que no propone el nombre de un candidato «por capricho», sino que propone formalmente «el nombre del candidato que reúne los apoyos suficientes «, oídas» las fuerzas parlamentarias, que representan a la ciudadanía». Así pues, «el Gobierno no está impugnando una decisión del presidente del Parlamento, está impugnando el voto de millones de personas, la voluntad de los diputados y el funcionamiento de un sistema democrático», ha sostenido.

Al final de su intervención ha recordado que es su obligación y su compromiso «trabajar para defender los derechos de todos los diputados», y con la «mano tendida» ha asegurado que «estamos a tiempo de enderezar el rumbo para situar la política en el centro del debate «. En este sentido, ha dicho que «nunca dejaré de ofrecer una voluntad sincera de diálogo; ahora bien, diálogo no supone quedarse de brazos cruzados».

El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha convocado la celebración de un Pleno del Tribunal mañana, a partir de las 13:00 horas, para examinar si admite a trámite del recurso de inconstitucionalidad formulado por el Gobierno.

Tags: , , , , , , ,