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El Gobierno evita que entren en prisión los asaltantes al Parlament

Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no obedece las decisiones del Poder Judicial (Foto: Congreso)

El Ejecutivo ha retrasado durante 7 años tomar una decisión sobre los indultos solicitados por los condenados

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a pasarse por el arco del triunfo las decisiones del Poder Judicial. Ya lo hizo cuando, en contra de la opinión de los magistrados del Tribunal Supremo, indultó a los ‘golpistas’ catalanes condenados por sedición.

Si en aquella ocasión el Ejecutivo se opuso a una decisión judicial por acción, esta vez lo ha hecho por omisión.

El 17 de marzo de 2015 el Tribunal Supremo condenó a tres años de prisión por delito contra las instituciones del Estado a 8 de los 19 procesados por asediar el Parlament de Cataluña.

En un primera sentencia de julio de 2014 la Audiencia Nacional absolvió a los asaltantes alegando que primaba el derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos constitucionales. Unos meses más tarde, el Supremo corrigió esa sentencia al entender que incurrió en una ‘errónea y traumática desjerarquización del derecho constitucional de participación política a través de los legítimos representantes en el órgano legislativo, que, pese al esfuerzo argumental empeñado, se aparta de las claves definitorias de nuestro sistema’.

El día del asedio una multitud de casi 1.000 individuos se concentró a las puertas del Parlamento catalán para protestar contra los recortes e impedir de forma violenta la entrada de los políticos al edificio, que ese día iban a debatir y aprobar las enmiendas a la totalidad de los presupuestos autonómicos.

En el momento de ejecutar la sentencia los condenados solicitaron el indulto en 2015. La Audiencia Nacional, encargada de ejecutar la pena, suspendió su entrada en la cárcel mientras se tramitaba la medida de gracia. Sin embargo y a pesar de que el Tribunal Constitucional confirmó el año pasado sus condenas, estas han prescrito y los condenados no entrarán en prisión.

Aunque el indulto se solicitó en 2015, en 2018 el Gobierno de España cambió de manos gracias a la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra el por entonces presidente Mariano Rajoy. Por retrasar durante siete años -tanto el Gobierno de Rajoy como el de Pedro Sánchez- las solicitudes de indulto de los condenados ninguno de los implicados cumplirá la condena que les correspondía.

Edmundo Bal, diputado y portavoz de Ciudadanos, pregunta al Ejecutivo socialista por qué ha dejado prescribir el delito y ha permitido que los condenados eviten cumplir la condena impuesta por el Judicial.

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