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El Gobierno despliega a la Guardia Civil en el aeropuerto de El Prat

Guardia Civil

La Seguridad es de interés general

Los trabajadores de Seguridad del aeródromo barcelonés inician una huelga indefinida después de dos semanas de paros parciales que han provocado colas de hasta 4 horas en los accesos

Después de varias semanas en las que los trabajadores de Seguridad del aeropuerto barcelonés del Prat han protagonizado paros parciales provocando largas colas de espera en los controles de seguridad -esperas de hasta 3 y 4 horas a los pasajeros- el Gobierno ha decido tomar cartas en el asunto y desplegar a la Guardia Cicvil para restablecer el orden en el aeródromo.

«En aras del interés general, se impone la inmediata resolución del conflicto», señaló ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Los vigilantes que atienden los filtros de seguridad en el aeropuerto catalán iniciaron esta medianoche una huelga indefinida, tras rechazar por segunda vez en votación -150 votos frente a 36- la propuesta de mediación planteada por la Generalitat de Cataluña para poner fin a una crisis que comenzó el pasado 24 de julio.

El pasado jueves, en una primera votación, los trabajadores de EULEN -empresa subcontratada por AENA para controlar la seguridad en los accesos y que ha pasado de ofrecer un complemento de 30 euros mensuales a aceptar la propuesta de 200 euros- ya rechazaron esa subida salarial de 200 euros al mes en 12 pagas propuesta por el Ejecutivo catalán.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, lamentó ayer que los trabajadores hayan rechazado una propuesta que considera «razonable», y anunció la puesta en marcha «de forma inmediata» de las medidas previstas por el Gobierno para garantizar la normalidad en el funcionamiento de El Prat: el refuerzo de la seguridad por parte de agentes de la Guardia Civil y los trámites para iniciar un laudo arbitral que ponga fin al conflicto laboral.

De la Serna, que subrayó que el Ejecutivo respeta profundamente el derecho a la huelga, avanzó que ha realizado una petición formal a la Abogacía del Estado para que traslade su informe al Ministerio de Empleo, antes de ser elevado al Consejo de Ministros, que podría ser convocado de forma extraordinaria antes de que finalice el mes, para nombrar a un «árbitro independiente» y obligar a los huelguistas a volver al trabajo.

Durante una comparecencia extraordinaria ante los medios celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria para informar sobre las decisiones tomadas, De la Serna insistió en que el Gobierno central hará todo lo que esté en su mano «para garantizar que la decisión de unos pocos no afecte a millones de españoles y turistas». «Vamos a actuar con toda la firmeza» posible para garantizar el funcionamiento en «una infraestructura estratégica para el conjunto del país», concluyó.

Por supuesto, la decisión del Gobierno no ha gustado a los trabajadores, que esperaban lograr sus aumentos salariales con una huelga que afecta a millones de personas.

En declaraciones a los periodistas al término de la votación de ayer, el abogado del comité de huelga de los trabajadores de seguridad de El Prat, Leopoldo García Quinteiro, denunció «coacciones» por parte del ministro de Fomento para poner fin a los paros. El abogado, que calificó de «arrogante» la actitud mantenida por De la Serna, considera que en este conflicto laboral no se dan las condiciones para imponer un laudo arbitral.

Por su parte, la consejera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, señaló que la mediación del Ejecutivo catalán en el conflicto laboral de El Prat ha terminado, después de que los trabajadores hayan decidido «democráticamente» rechazar su propuesta.

Ya ayer domingo, el ministro advirtió que el Gobierno no iba a permitir «que millones de españoles y turistas sigan sufriendo las consecuencias de la decisión de unos pocos». De la Serna dijo que el Ejecutivo estaba preparado «para preservar el orden público y la seguridad», y apeló a la «responsabilidad» de los trabajadores para aceptar la subida salarial propuesta por la Generalitat. «Es la última oportunidad que tienen para votar de forma favorable la propuesta», advirtió.

De la Serna puso sobre la mesa el peso del turismo en la economía española y la importancia de que las infraestructuras y el transporte funcionen para dar servicio a los millones de turistas que cada año viajan a España [1]. Por otra parte, señaló que la subida salarial de 30 euros al mes propuesta por la Generalitat supone un incremento de 200 euros. «No conozco ninguna negociación en la que haya una oferta de incremento salarial del 18% (…) Considero que los trabajadores tienen una propuesta razonable», señaló el titular de Fomento.

A pesar de la «bondad» de la oferta, De la Serna inició los trámites para buscar un árbitro que establezca con carácter vinculante un laudo que deberán cumplir empresa y trabajadores.

Y a quien tampoco le parece adecuado que la Guardia Civil se haga cargo de la seguridad en una de las principales entradas de viajeros a España es a los Sindicatos. El secretario general de UGT, José María Álvarez, considera que se trata de «un precedente absolutamente negativo» porque, a su juicio, «vulnera el derecho de huelga».

Olvida Álvarez que antes de tomar esta decisión Íñigo de la Serna viajó la semana pasada a Barcelona para presidir el Comité de Crisis creado para abordar el conflicto y reunirse con varios consejeros de la Generalitat y con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Tras aquellas reuniones el titular de Fomento ya advirtió de que el Gobierno debía garantizar el orden y la seguridad de El Prat ante el estado de alerta terrorista en el que se encuentra el país [2], [2] un asunto que no parece importar a los trabajadores de Seguridad de El Prat. De la Serna informó también de que los agentes estarán presentes tanto en los arcos de seguridad como en los escáneres y que asumirán funciones ejecutivas.

El turismo es el 10,9% del Producto Interior Bruto y el 11,9% del empleo en España [3]