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El Gobierno impone un control semanal a los presupuestos catalanes

Méndez de Vigo

Méndez de Vigo, ministro portavoz, ha explicado la vuelta de tuerca del Gobierno (Foto: Moncloa/J.M. Cuadrado)

Para impedir el 1-O la Generalitat deberá garantizar cada semana que cumple la sentencia del TC sobre financiación del referéndum y no destina un euro a la independencia

En caso contrario el Gobierno suspenderá el FLA a Cataluña

El Gobierno de España ha decidido este viernes vigilar en corto las cuentas públicas catalanas para evitar que la Generalitat destine un solo euro al referéndum ilegal del 1 de octubre.

El Govern de Carles Puigdemont deberá demostrar cada semana que cumple la sentencia del TC sobre financiación del referéndum y no destina un euro a la independencia.

Si no lo hace el Gobierno central cortará el grifo del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico del que Cataluña ha recibido desde 2012 unos 67.000 millones de euros y que en 2017 prevé destinar 3.600 millones.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) ha acordado hoy bajo la presidencia del presidente, Mariano Rajoy, adoptar nuevas medidas para Cataluña con el fin de asegurar el adecuado cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 2017, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional 40 de la Ley de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo, de Presupuestos de la Generalitat para 2017, y de tres partidas presupuestarias en el caso de que se destinaran a la financiación de la convocatoria del referéndum a que se refiere la disposición adicional 40 de la citada ley.

Ante los acontecimientos que han tenido lugar en Cataluña en las últimas semanas –como la reforma del Govern o la dimisión del director de los Moscos d’Esquadra- el Ejecutivo ha decido fortalecer el control de la información económico-financiera de la Cataluña.

El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho que se trata de «impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre» y garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos en la región. «Ni un euro que tiene que ir al bienestar de los catalanes va a ir a sufragar una consulta ilegal», ha recalcado.

«El referéndum no puede ser pagado con dinero público. Estén tranquilos todos los catalanes que no habrá un euro distraído para nada que sea ilegal», ha garantizado Méndez de Vigo, que ha denunciado que «los representantes de las instituciones catalanas han declarado su voluntad de seguir con el procedimiento, lo que genera un riesgo para el interés general y una situación de incertidumbre económica perjudicial para ciudadanos y empresas».

Como norma principal, la Generalitat de Cataluña tendrá que remitir un certificado semanal a los interventores de las consejerías, a los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delgadas, al director general de Presupuestos y al director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro, para que constaten que no hay partidas destinadas la convocatoria de un referéndum.

El portavoz del Ejecutivo ha añadido que si de la información remitida se concluye que se ha financiado el proceso de referéndum, las autoridades competentes exigirán responsabilidades. El Ministerio de Hacienda se encargará de la verificación de la información que envíen y, si constatara que se está destinando dinero público para la celebración del referéndum trasladará el asunto a las autoridades competentes y congelará el desembolso del FLA.

Así, a partir de ahora el Gobierno de España condiciona el reparto de recursos asignados o pendientes de desembolso con cargo al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas a que las autoridades catalanas cumplan, además de las condiciones fijadas en el acuerdo CDGAE de 20 de noviembre de 2015, las nuevas condiciones fijadas en el día de hoy, y que básicamente se concretan en lo siguiente:

– Remitir un certificado semanal, además de los certificados iniciales y mensuales, en el que se certifique que no se han iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias ni expedientes de gastos o pagos que puedan ser destinados a la realización de las actividades vinculadas con la convocatoria del referéndum.

– Por otro lado, en caso de incumplimiento de la remisión de la información solicitada o si del contenido de la misma se concluyera que se ha financiado directa o indirectamente el procedimiento refrendario, la propia CDGAE podrá impedir la ejecución, continuación o reiteración en esta actividad y cuantas otras se consideren precisas con la finalidad de restablecer la actuación financiera de la comunidad autónoma a la legalidad, incluyendo la suspensión de la financiación correspondiente.

– Se mantendrá la aplicación de lo previsto en este Acuerdo hasta que desaparezca la situación de riesgo general en Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la comunidad autónoma, en los términos descritos en este Acuerdo.

La decisión del Gobierno se toma después de que el Tribunal de Cuentas decidiese el miércoles continuar con el juicio contable al ex presidente de la Generalitat Artur Mas por la consulta del 9-N. Tanto Mas como los ex consejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega están siendo investigados para determinar si tienen responsabilidad en el gasto de más de 5 millones de euros de dinero público para celebrar la consulta del 9-N.

La consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante ha redactado dos autos en los que concluye que hay indicios de responsabilidad contable en la actuación de los citados dirigentes independentistas. En uno de los autos, Mariscal de Gante resuelve que sí cabe aceptar la personación en estas diligencias de la Abogacía del Estado, a lo que la Generalitat se opone.

Los trámites tienen relación con la denuncia interpuesta por Sociedad Civil Catalana, Acción Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución en la que señalan que se destinaron indebidamente 5,1 millones de euros.

Por otra parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dejado claro que la Fiscalía perseguirá penalmente la compra de urnas para el referéndum catalán, tanto si se hace públicamente como si se hace de manera encubierta, porque, a su juicio, constituiría un delito de malversación. Además, ha reconocido que, de celebrarse el referéndum, habría que estudiar si los voluntarios que participen en su organización estarán incurriendo en delito o no.

Tras conocer la decisión del Tribunal de Cuentas el PDECat ha pedido la comparecencia en el Congreso del presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, para que explique su «acción arbitraria» contra el ex presidente catalán Artur Mas y los ex consejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs.

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