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El Gobierno blinda al taxi frente a las VTC

Íñigo de la Serna

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras el Consejo de Ministros (Foto: JM Cuadrado)

El Ejecutivo ha aprobado una norma estatal que establece la proporción de licencias de vehículos con conductor por cada taxi

La CNMC ha pedido al Gobierno que derogue la norma que regula las VTC

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley (RDL) con el que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, las denominadas VTC.

Con esta nueva norma el Ejecutivo garantiza el «adecuado equilibrio» entre los VTC y los taxis, en «guerra» continúa desde que los primeros hicieron su aparición en las ciudades españolas. Los taxistas acusan a los conductores de Uber y Cabify, fundamentalmente, de competencia desleal.

Según ha destacado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el real decreto ley recoge la posibilidad de que una comunidad autónoma deniegue nuevas autorizaciones a arrendamientos de vehículos con conductor cuando la proporción entre estas y las licencias de los taxis sea superior a 1/30 (una licencia de VTC por cada treinta taxis). Y, por otra parte, exige que los vehículos con VTC desarrollen su actividad habitualmente -al menos el 80% de los servicios- región en que se encuentren domiciliadas.

Además, la nueva norma encomienda a la Conferencia Nacional de Transportes el análisis e identificación de todos aquellos aspectos de la reglamentación del Estado y autonómica que puedan ser revisados para mejorar la competitividad y coordinación en el ámbito urbano e interurbano de ambas modalidades de transporte.

De la Serna ha explicado que su Gabinete ha tenido en cuenta, a la hora de elaborar el texto normativo, las sentencias judiciales que están otorgando nuevas autorizaciones de VTC como consecuencia del vacío legal entre la Ley Ómnibus del año 2009 y el Reglamento del 2015.

En 2009 el Gobierno socialista, aprovechando la división del sector del taxi, incluyó en la conocida como Ley Ómnibus la liberalización de las VTC. En 2013, el Partido Popular revirtió dicha situación, pero no concretó los requisitos para desarrollar esa actividad hasta 2015. Eso, ha dicho el titular de Fomento, ha roto «de facto» la  proporción 1/30, ya que actualmente existen 64.217 licencias de taxi y 7.058 licencias de VTC, una ratio de 1/9.

Para arreglar el lío, la norma estatal acabará con la proliferación de normativas locales y autonómicas que intentaban limitar las VTC en sus ámbitos de acción vulnerando las reglas de la unidad de mercado y las competencias del Estado. El propio ministro de Fomento acusó a los presidentes autonómicos de fomentar la «invasión» de las VTC.

Con la norma, ha concluido Íñigo de la Serna, se refuerza la eficacia en todo el territorio nacional de estas autorizaciones, se garantiza un desarrollo armónico de ambas modalidades de transporte, se dota de mayor seguridad jurídica a la actividad de las VTC y se preserva la convivencia de ambos sectores y las garantías del usuario.

Desde la Federación Española del Taxi aplauden la iniciativa del Gobierno, que califican «como un gran paso para poner fin a la situación de inseguridad jurídica y social en la que se encuentra nuestro sector desde hace años».

Según los datos que maneja el sector, el precio medio de una licencia de taxi es de 104.000 euros y de 63.000 el de las VTC. Existen más de 71.839 licencias de ambas modalidades, de las cuales 64.533 corresponden a taxis, valoradas en su conjunto en casi 8.000 millones de euros.

Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi que se ha reunido en varias ocasiones con el Ministerio de Fomento para pulir el texto del real decreto ley, ha aprovechado una comparecencia pública para señalar lo «necesario» que es estabilizar el sector y buscar una competencia leal que salvaguarde un servicio público serio y de calidad en las comunidades y los ayuntamientos.

De la Serna ha sido preguntado durante la rueda de prensa por la sentencia que debe dictar el Tribunal Supremo en el contencioso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la patronal de los VTC y las plataformas contra el actual reglamento de transportes que fija la ratio taxis-VTC en 1/30. El ministro ha contestado que el Legislativo ha impuesto las condiciones a nivel estatal independientemente de lo que diga la Justicia.

Uber ha reaccionado asegurando que este RDL «supone una oportunidad perdida para la creación de miles de puestos de trabajo en España y para la modernización de la movilidad en nuestras ciudades». Por su parte, el director para Europa de Cabify, Mariano Silveyra, considera que la pretensión del Gobierno es «ganar el tiempo necesario» para que el taxi se adapte a un «nuevo modelo de movilidad».

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