1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (1 votos, media: 5,00 de 5)
| Print This Post

El Gobierno aprueba la ampliación de la prisión permanente revisable

Rafael Catalá

Catalá no entiende porqué no se quiere ampliar esta pena (Foto: Moncloa/ JM. Cuadrado)

Pide a la oposición que se replantee la derogación de la pena

El Gobierno aprobó ayer -como había anunciado- un anteproyecto de ley que añade cinco nuevos supuestos a los ocho delitos a los que actualmente se les puede aplicar la prisión permanente revisable.

El Ejecutivo pretende extender los actuales delitos a los que se les puede aplicar este tipo de pena (actualmente todos implican homicidios o asesinatos), a las violaciones en serie, violaciones a menores con secuestro o tortura, el asesinato cuando se impida u obstruya la recuperación del cadáver, el asesinato después de secuestro o la muertes en incendios, la provocación de estragos mediante la destrucción de grandes infraestructuras, o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, el ministro de Justicia fue preguntado por el momento de presentar este anteproyecto de ley. Rafael Catalá defendió que el Gobierno ha aprovechado la proposición para derogarla presentada en el Congreso por el PNV y respaldada por PSOE, Unidos Podemos y otros partidos como Compromís o Bildu para reactivar el debate sobre este asunto.

Catalá recordó que esta pena se introdujo en el ordenamiento español en el año 2015, es la pena máxima del Código Penal, pero es proporcionada a la gravedad del delito. “Es una pena revisable, con un sistema de evaluación, y nada tiene que ver con cadenas perpetuas u otras denominaciones con la que la oposición pretende desacreditarla”, criticó.

Rafael Catalá presentó el anteproyecto de ley como algo que está reclamando la sociedad. “El 80% de los españoles, según las encuestas que se han hecho recientemente, apoyan la prisión permanente revisable”, indicó el titular de Justicia, que pidió a los partidos políticos que identifiquen “esta realidad social” y apoyen la ampliación de la prisión permanente revisable en vez de pedir su derogación. “Está orientada a reinsertar a las personas condenadas al mismo tiempo que a proteger al conjunto de los ciudadanos”, remarcó.

Catalá y el Gobierno consideran que hay ciertos crímenes que reclaman “reaccionar con la máxima firmeza desde el Estado de derecho” y con una “respuesta muy firme” desde el Derecho Penal. “Es un compromiso con las víctimas y la sociedad democrática”, apuntó Catalá.

La aplicación de la prisión permanente revisable determina, en función de los supuestos, un tiempo mínimo de cumplimiento antes de plantear la posibilidad de revisión, que puede ir desde los 25 hasta los 35 años según el número de delitos cometidos y su naturaleza.

Tras el cumplimiento íntegro de esa parte mínima de la condena, la pena se puede revisar, abriendo la posibilidad a que el penado obtenga la libertad siempre y cuando se acrediten garantías de que no cometerá nuevos hechos delictivos. Para ello un tribunal colegiado valorará las circunstancias que concurran en ese momento, debiendo existir siempre un pronóstico razonable de reinserción social. Aunque la revisión de la pena no es posible hasta transcurridos al menos 25 años, por lo general a partir de los 15 años, si hay un pronóstico favorable de reinserción social el penado puede acceder al tercer grado. En los casos más graves, aunque la revisión no sea posible hasta los 35 años, es a partir de los 32 cuando el penado puede tener acceso al tercer grado.

Se trata, en palabras del ministro, de una pena que posibilita y aspira a la reinserción puesto que, además de ser susceptible de revisión, es compatible con beneficios penitenciarios. “En todo caso, protege a la sociedad porque evita que salgan de prisión quienes no están en condiciones de reintegrarse, impidiendo que reincidan en sus actos”.

En la actualidad se aplica de forma muy limitada, ya que solo está prevista para ocho supuestos: Asesinato de menor de 16 años o persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad física o mental; asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; asesinato cometido por miembro de grupo u organización criminal; asesinato múltiple; asesinato terrorista; homicidio del jefe del Estado o del heredero; homicidio de jefes de Estado extranjeros o persona internacionalmente protegida por un Tratado que se halle en España; y genocidio o crímenes de lesa humanidad.

El ministro de Justicia justificó la aplicación de esta pena para el asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver a los familiares porque supone “un daño adicional y una humillación a las víctimas”. En el caso del asesinato después de un secuestro, porque, “a juicio de los expertos, puede ejercer un efecto disuasorio sobre quien secuestra con ánimo extorsionador”; en el caso de los violadores en serie, “se aplica a aquella persona condenada por dos o más delitos de violación y que, una vez en libertad, tras cumplir sus penas, incurre de nuevo en el mismo delito”; para la violación a un menor tras privarle de libertad o someterle a torturas físicas o morales, para prevenir casos como los de los menores retenidos en casas que se han producido en Europa.

Además, en el supuesto de muertes en incendios, destrucción de grandes infraestructuras, liberación de energía nuclear o elementos radioactivos, porque se pretende proteger “un interés superior, como son las vidas, y el patrimonio público”.

Para terminar su defensa de ampliar la reforma de la prisión permanente revisable, el ministro remarcó que no supone un endurecimiento del derecho penal español, ni una venganza, como dejó entrever la portavoz del PSOE. La duración de las penas podría ser “incluso menor”, pero parece lógico que se evalúe el grado de reinserción de los reclusos antes de su puesta en libertad, señaló.

Tags: , , , , , ,