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El Gobierno aprueba el Decreto Ley llamado a resolver los desahucios

Sáenz de Santamaría durante la rueda de prensa de hoy en La Moncloa

Se beneficiarán aquellas familias que tengan su única vivienda hipotecada y en la que todos sus miembros estén sin ingresos

El PSOE tacha de «parche» la medida

La vicepresidenta respeta la decisión de Comisiones Obreras y UGT de convocar una huelga general el próximo 29 de marzo, pero cree que “no es la solución” a la crisis

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que establece medidas para paliar el problema de los desahucios para las personas en riesgo de exclusión social. En él se fijan los umbrales que dan entrada al colectivo a proteger, se limitan los intereses de demora y se reforman los procedimientos de ejecución extrajudicial.  Junto al decreto, se incluye un Código de Buenas Prácticas que podrán suscribir de forma voluntaria las entidades financieras y que será publicado en el BOE.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los destinatarios de la medida son aquellas familias que cuentan con una única vivienda, tienen a todos sus miembros en el paro y no tienen ingresos. La cuota hipotecaria no puede exceder el 60% de sus ingresos.

El valor de adquisición de la vivienda hipotecada deberá situarse en los siguientes márgenes:

– Ciudades de más de 1.000.000 habitantes: 200.000 euros.

– Ciudades de más de 500.000 habitantes o integradas en áreas metropolitanas de municipios de más de 1.000.000 habitantes: 180.000  euros.

– Ciudades de más de 100.000 habitantes: 150.000 euros.

– Ciudades de menos de 100.000 habitantes: 120.000 euros.

Sáenz de Santamaría ha detallado que para las familias en el umbral de exclusión el interés moratorio aplicable será el resultado de sumar a los intereses pactados en el préstamo un 2,5% sobre las cantidades debidas y no pagadas. Asimismo, ha señalado que se reforman los procedimientos de ejecución extrajudicial para que sean «más ágiles, más baratos y más transparentes».

Se aborda también en ese decreto una reforma de los procedimientos de ejecución extrajudicial, para hacerlos más ágiles, baratos  y transparentes en línea con los de ejecución judicial. En concreto habrá un nuevo sistema de subastas online en colaboración con el Ministerio de Justicia y Presidencia.

La reforma se completa con un Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras. Estas deberán comunicar su inclusión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, quién hará público el listado. La permanencia en el Código será como mínimo de dos años y su incumplimiento podrá invocarse ante los Tribunales de Justicia por el afectado.

El seguimiento será efectuado por una Comisión de Control en la que estará una representación de la Asociación Hipotecaria Española, el Banco de España, la CNMV y la Secretaría de Estado de Economía. La Comisión de Control publicará al respecto un informe semestral sobre el grado de cumplimiento del Código.

El Código de Buenas Prácticas se aplicará en las siguientes fases:

Reestructuración de la deuda hipotecaria: Los deudores en el ámbito de exclusión podrán solicitar a la entidad una reestructuración de su deuda hipotecaria que haga viable su pago y que deberá estar presentado en el plazo de un mes. Ese plan deberá incluir una carencia en la amortización de capital de cuatro años, la ampliación del plazo de amortización hasta 40 años y la reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25 puntos. Podrán solicitar la reestructuración aquellos deudores cuyo procedimiento de ejecución no se haya iniciado.

Medidas complementarias: Si pese a la refinanciación resulta inviable el pago de la deuda, el deudor podrá solicitar una quita en el capital pendiente de amortización. Se considerará inviable cualquier reestructuración que suponga para la unidad familiar una cuota hipotecaria superior al 60% de sus ingresos. Podrán solicitar la quita quienes estén en procedimiento de ejecución, siempre que no se haya anunciado la subasta.

Medidas sustitutivas: Si ninguna de las dos fases anteriores da resultado, los deudores en ámbito de exclusión podrán solicitar la dación en pago de la vivienda. Supondrá la cancelación total de la deuda con la entrega de la vivienda, junto a las responsabilidades personales del deudor. El deudor podrá permanecer un plazo mínimo de dos años como arrendatario pagando una renta anual equivalente al 3% del importe de la deuda pendiente. Durante dicho plazo, el impago de la renta devengará un interés de demora del 20%. La dación en pago no será aplicable cuando el procedimiento de ejecución haya concluido o si la vivienda está gravada con cargas posteriores.

El Consejo de Ministros también ha aprobado la creación del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, que les permitirá empezar a cobrar las deudas pendientes en el mes de mayo. Además de saldar las deudas comerciales de las Corporaciones Locales, supondrá una importante inyección de liquidez a la economía productiva.

Esta herramienta se podrá aplicar también a los pagos pendientes de las Comunidades Autónomas, en línea con los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 6 de marzo.

La medida supondrá una inyección de 35.000 millones de euros en la economía productiva. Se trata de la mayor operación de refinanciación realizada en España.

Soraya defiende la utilidad de las medidas del Ejecutivo

La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que «por primera vez se establece un mecanismo de pago que sirve para devolver a las administraciones su credibilidad, que es un estímulo importante para la reactivar la economía, e inyecta liquidez en un año complicado para todos los españoles».

Para realizar esta operación, el Ministerio de Economía y Competitividad creará el Fondo para la Financiación de las Administraciones Territoriales (FFAT), que será el encargado de canalizar el préstamo sindicado hacia los ayuntamientos. El préstamo tendrá una duración de cinco años con dos de carencia, durante los cuales las entidades locales solo pagan los intereses. Sin embargo, el plazo de que disponen los ayuntamientos para devolverlo será de diez años, con dos de carencia, mediante un mecanismo de refinanciación que realizará el FFAT.

El coste del crédito será el equivalente al de otras operaciones avaladas por el Estado –con  un recargo máximo de 115 puntos básicos sobre Tesoro-. En la actualidad, el interés rondaría el 5%.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha manifestado que respeta la decisión de Comisiones Obreras y UGT de convocar una huelga general el próximo 29 de marzo, que considera que «no es la solución» a la crisis.

Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que la reforma fue convalidada ayer por el Congreso de los Diputados «no sólo con los votos del partido que sustenta el Gobierno sino también de otros partidos políticos«.

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