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El Gobierno amplía la duración de los alquileres a cinco años

Moncloa

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Foto: JM Cuadrado)

Pero no pone limite a los precios como se comprometió con Podemos

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y potenciar el mercado de alquiler.

Entre las medidas del decreto ley -que contempla modificaciones en cinco leyes que afectan al sector- figura la ampliación del plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de viviendas. De los tres años actuales pasa a cinco o a siete en caso de que el arrendador sea una persona jurídica.

Esta medida sólo se aplicará a los contratos nuevos y contempla también la ampliación del plazo de prórroga tácita de uno a tres años.

Otra novedad es la limitación del importe de las fianzas a dos mensualidades como mucho, «salvo que se trate de contratos de larga duración». Actualmente, las partes -propietario y arrendatario- tienen libertad para fijar la cantidad que quieran, que suele ser de un mes de renta si el piso está vacío y de dos si está amueblado.

Además se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato corran a cargo del arrendador cuando este sea persona jurídica, excepto en aquellos gastos que han sido iniciativa del arrendatario. Asimismo se fija la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados cuando el alquiler de la vivienda es para uso estable y permanente.

Lo que la nueva norma no introduce es medidas para limitar los precios, algo que Podemos había pedido al Gobierno para apoyar los Presupuestos de 2019. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, justificó esta carencia en que el acuerdo con el partido liderado por Pablo Iglesias es presupuestario. Admitió, eso sí, que el control de precios puede incluirse en la tramitación de la ley en el Congreso vía enmiendas adicionales.

José Luis Ábalos considera una «absoluta necesidad» poner fin a la situación actual del mercado de alquiler, que, con gran encarecimiento de los precios y cada vez más exigencias contractuales, dificulta «la posibilidad de mantener un horizonte en esas casas» y «supone un drama que afecta al proyecto de vida de la gente, especialmente de los jóvenes».

Según la nueva norma, en caso de desahucio el juez tendrá que notificar a los servicios sociales la situación de vulnerabilidad de los inquilinos para que el proceso pueda interrumpirse hasta que se encuentre una solución para las personas que no han podido pagar el alquiler por su situación de precariedad. Esta interrupción será de un mes si el propietario es persona física y dos si es persona jurídica.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ábalos mostró su preocupación por el incremento del 5% anual de los desahucios ejecutados por impagos de alquiler, frente al descenso en los de ejecución hipotecaria. Por ello, dijo, se reforma el procedimiento de desahucio, para ofrecer más protección a los hogares vulnerables y para que, en coordinación con los servicios sociales, se pueda conseguir «una alternativa habitacional para los afectados».

Por otra parte, se facilita el veto a las viviendas turísticas, de manera que si una mayoría cualificada de tres quintos de los vecinos (propietarios) así lo decide puede rechazar limitar o condicionar el ejercicio de esta actividad.

Otras reformas contenidas en el Real Decreto-ley están dirigidas a estimular la realización de obras de eliminación de barreras físicas en los edificios y de mejora de la accesibilidad.

En el el ámbito fiscal, se modifica la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para favorecer el mercado de alquiler y se  establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente.

El ministro de Fomento anunció que el Ejecutivo seguirá aprobando normas sobre vivienda, como una nueva Ley estatal o el Plan de 20.000 viviendas de alquiler o cesión en uso con rentas y precios limitados. «Además de como derecho, reivindicamos la función social de la vivienda que, para este Gobierno, es algo más que un elemento de mercado o simplemente el ejercicio de una propiedad privada», afirmó.

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