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El Gobierno agiliza la movilidad de las empresas

Luis de Guindos

Luis de Guindos, ministro de Economía (Foto: Moncloa/J.M. Cuadrado)

El consejo de administración será el competente para decidir el cambio de sede social, salvo que los Estatutos digan lo contrario

Banco Sabadell decidió ayer irse de Cataluña y establecerse en Alicante

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto Ley (RDL) para favorecer que las empresas -«operadores económicos»- puedan cambiar su sede social dentro del territorio nacional con más facilidad.

La norma aclara quiénes son los órganos competentes para aprobar el cambio de sede social por parte de las sociedades que así lo decidan. Se facilitan los trámites de manera que solo si existe una declaración expresa en contrario por parte de los Estatutos de la sociedad, será el Consejo de Administración el competente para aprobarlo.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha recordado, durante la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial,  que ya en el año 2015 el Gobierno modificó la Ley de Sociedades de Capital para establecer que el Consejo de Administración fuera el órgano competente para aprobar el cambio de domicilio social, «salvo disposición contraria de los estatutos». La norma aprobada hoy explicita que existirá esa disposición contraria «solo cuando los estatutos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esa competencia», según ha explicado.

El Real Decreto Ley se completa con una disposición transitoria relativa a los traslados de domicilio de sociedades cuyos estatutos se hubieran aprobado antes de esta reforma. En este caso, se entenderá que existe disposición contraria en los estatutos cuando, con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el Consejo de Administración no es competente para cambiar el domicilio.

De Guindos ha destacado que la decisión sobre el traslado sigue correspondiendo a cada empresa y que, al igual que ocurrió en el año 2015, la petición de este cambio ha partido de una serie de «instancias empresariales». El titular de Economía ha asegurado que la modificación ha sido «comentada» con otros grupos parlamentarios, «fundamentalmente el PSOE y Ciudadanos».

El titular de Economía ha puntualizado que la norma, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el sábado 7 de octubre, será de aplicación a las empresas nacionales y extranjeras que tengan su domicilio en España.

El RDL da plena efectividad al artículo 285 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital mediante una aclaración de su contenido, para así facilitar su aplicación. En aquella norma del año 2010 se estableció que cualquier modificación de los estatutos sería competencia de la junta general y que, salvo disposición en contrario de los mismos Estatutos, sería el órgano de administración el competente para cambiar el domicilio social dentro del término municipal.

En una norma posterior, de mayo de 2015, a la que se ha referido el titular de Economía, se amplió el ámbito de aplicación a todo el territorio nacional y se estableció que «…salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional».

La decisión de hoy del Consejo de Ministros explicita que la «disposición contraria» existirá solo cuando los Estatutos «dispongan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia». Es decir, se necesitará una mención expresa de los Estatutos de la sociedad para que el consejo de administración no sea el competente para decidir el traslado de la sede social de la empresa.

La extraordinaria y urgente necesidad de la medida viene justificada por la exigencia de garantizar la plena vigencia del principio de libertad de empresa así como de respetar la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos, ambos preceptos recogidos en la Constitución. Responde además a la demanda de amplios sectores empresariales ante las dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en Cataluña.

Para la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) este decreto ley es un auténtico atropello a los derechos de los accionistas, en particular a los pequeños ahorradores accionistas, «porque reduce su capacidad de actuación efectiva en las Juntas Generales y profundiza en las miserias y farsa de democracia de las Juntas Generales en las sociedades cotizadas».

Manuel Pardos, presidente de ADICAE, acusa a De Guindos de tergiversar la regulación actual para intentar justificar una reforma que se opone a los más básicos principios europeos y españoles de transparencia y gobierno corporativo. Por ello denunciará la próxima semana el Decreto Ley, «que contraviene abiertamente las tendencias europeas en materia de derechos de los accionistas, de transparencia y de buen gobierno de las sociedades anónimas».

De hecho, afirma, una de las últimas reformas a nivel europeo, la Directiva 2017/828, modificando la Directiva 2007/36/CE, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, tiene como punto de partida precisamente las deficiencias advertidas en el gobierno corporativo de las grandes sociedades y el mantenimiento de dificultades injustificables para el ejercicio por parte de los accionistas de sus derechos. «Unas deficiencias y dificultades que el Decreto Ley del Gobierno agrava en lugar de resolver, minando la ya de por sí gravemente deficitaria aplicación de los derechos que corresponden a los millones de pequeños accionistas de sociedades cotizadas, contirbuyendo a minar también la confianza de todos los usuarios en las grandes sociedades y en particular en la banca incluso contribuyendo a la funesta alarma social creada sobre los depósitos», advierte Pardos.

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