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El Gobierno acepta la conversión del independentismo a terrorismo

Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en una imagen tomada recientemente en Moncloa (Foto: JM Cuadrado)

La oposición pide a Pedro Sánchez que aplique la Ley de Seguridad Nacional (PP), el artículo 155 para cesar a Torra y recuperar la convivencia en Cataluña (Cs) o declarar el estado de emergencia y que los efectivos policiales usen todo el material antidisturbios (VOX)

Pero desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez apelan al «diálogo» y a la «prudencia»

Tras cinco días de protestas en gran parte de Cataluña y sobre todo en Barcelona con bloqueo de calles, incendios, coches calcinados, cortes de carreteras, colapso en la frontera con Francia, cientos de heridos y de detenidos y hasta de un fallecido al que los CDR «obligaron» a caminar tres kilómetros en el aeropuerto de El Prat, Pedro Sánchez pide «prudencia».

Las protestas en contra de la sentencia dictada por la Sala del Tribunal Supremo que enjuició el «golpe» perpetrado por los líderes independentistas catalanes en 2018 [1] han sembrado el caos y la violencia en Cataluña.

Tras las manifestaciones «ordinarias» los independentistas violentos han causado el terror entre los ciudadanos. La AP-7 en La Junquera (Gerona) ha estado cortada muy cerca de la frontera con Francia en sentido sur desde el viernes a las 6:30 horas de la mañana. En Barcelona decenas de policías han resultado heridos, algunos de consideración, al enfrentarse a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que han tirado ácido y adoquines a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las agencias citan fuentes policiales para asegurar que alrededor de 500 radicales están detrás de los altercados violentos que durante los últimos días han convertido sobre todo Barcelona en una ciudad sin ley. Al parecer se trata de un grupo de radicales catalanes apoyados por extremistas de otros países que utilizan tácticas de guerrilla urbana. Expertos consultados por Efe no tienen duda alguna de que en los disturbios de estos días están participando activamente líderes de grupos de la ultraizquierda y del anarquismo europeo procedentes de Grecia, Francia, Alemania o Italia.

Y mientras Cataluña sucumbe a la barbarie y la violencia, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, una reunión para «buscar una solución política a la situación de Cataluña». Torra ha justificado la urgencia de la cita porque la causa independentista es «imparable».

Después de presidir el gabinete de seguimiento de los disturbios junto al vicepresidente catalán, Pere Aragonès, y los alcaldes de Tarragona, Lérida y Gerona, el jefe del Govern ha llamado a la «protesta pacífica» asegurando que «la violencia no es nuestra bandera». Torra ha asegurado que la «causa de las libertades y derechos» de los independentistas es «imparable», porque el «pueblo catalán llegará tan lejos como quiera».

Enfrente, por decirlo de alguna manera, los independentistas tienen al Gobierno Sánchez que echa la culpa de todo lo que está ocurriendo en Cataluña al anterior gobierno de Mariano Rajoy. Ayer, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, afirmó con vehemencia que «lo que está produciéndose hoy en Cataluña es consecuencia de una acción u omisión del gobierno de Rajoy”.

Ábalos pidió lealtad, responsabilidad y serenidad” a la oposición adelantando que «el Gobierno va a seguir puntualmente la evolución de los acontecimientos para responder frente a ellos”.

La oposición no se traga las excusas de los socialistas. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido al Ejecutivo en funciones que “se ponga al frente” de la situación en Cataluña para restablecer la ley y el orden en sus calles aplicando “inmediatamente” la Ley de Seguridad Nacional.

“No se puede esperar un minuto más”, ha urgido Casado desde Valladolid, desde donde también ha rogado al Partido Socialista Catalán (PSC) que rompa “hoy mismo” sus acuerdos con los separatistas en 40 ayuntamientos catalanes, en la Diputación de Barcelona y en el Diplocat. Porque, ha espetado, “o se está con la ley y la democracia, o se está con los que justifican a los violentos que están destrozando Cataluña”.

Casado ha calificado de ‘kale borroka’ lo que está sucediendo actualmente en las plazas y calles catalanas y ha pedido que «se requiera a Torra para que cumpla sus obligaciones legales y constitucionales, pues quien ostenta la máxima autoridad en Cataluña no puede estar cortando carreteras y justificando y alentando la violencia”.

Igualmente, el líder popular ha reprochado que el Gobierno llame al «diálogo» cuando se «atacan las infraestructuras críticas de un Estado» en vez de romper con quienes alientan estos movimientos. En este punto, Casado ha recordado que Sánchez es presidente gracias a los votos de Torra y Junqueras en la moción de censura. Y por eso le ha pedido que diga con claridad que rechaza la vía de Pedralbes [2] así como cualquier vía de autodeterminación y que restablezca la ley.

También Albert Rivera, presidente de Ciudadanos (Cs), ha reclamado al secretario general del PSOE que aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que «sufre un sabotaje general» ante el que el Gobierno «no puede seguir negando la realidad».

«¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno actúe en Cataluña?» se ha preguntado Rivera, al tiempo que ha mostrado su «solidaridad» con «las familias que no han podido llevar a sus hijos al colegio» o «las personas que han tenido que suspender su visita al médico». Rivera ha exigido a Sánchez que no «mire hacia otro lado» ante «un presidente de la Generalitat que corta carreteras» y amenaza con «volver a convocar un referéndum ilegal de independencia». Lo hizo el jueves durante un pleno en el Parlament, donde por cierto, a finales de septiembre se aprobó una moción en defensa de los CDR detenidos por terrorismo [3].

El líder de Cs se ha preguntado porqué «si todo es normal y no pasa nada el Cataluña, según Fernando Grande Marlaska, ¿por qué ha tenido que cerrar la Sagrada Familia? ¿Por qué se ha tenido que suspender el Barça-Madrid?». “Hay que aplicar el 155 para cesar a Torra y recuperar la convivencia en Cataluña”, ha concluido Rivera.

La referencia de Rivera al ministro del Interior viene a cuento porque este mismo sábado Grande Marlaska ha negado que estén «desbordados». Durante la rueda de prensa ofrecida en la Delegación del Gobierno en Barcelona tras reunirse con el conseller de Interior, Miquel Buch, para analizar los incidentes que se han producido en Cataluña los últimos 5 días, el responsable de la seguridad nacional ha negado que la Policía y el Estado estén «desbordados» pese a enfrentarse a una situación que ha calificado como de «orden público grave».

Por el contrario, Marlaska ha remarcado que los agentes están actuando con «proporcionalidad» ante un «vandalismo indiscriminado» que, ha asegurado, «no quedará impune».

No es lo que piensan en algunos estamentos de la Guardia Civil. La Asociación Profesional de CABOS de la Benemérita no entiende por qué no han sido “sacados” los Grupos Rurales de Seguridad (G.R.S.) de los lugares donde los tienen “concentrados” para cooperar en el restablecimiento, lo antes posible, del orden público y la seguridad ciudadana.

No encuentran explicación a «la inexplicable inactividad de los G.R.S. mientras sus compañeros del Cuerpo de Mozos de Escuadra y del Cuerpo de Policía Nacional caen heridos o se encuentran exhaustos tras duras horas de combate callejero contra multitudes de salvajes radicales. «A punto de ser desbordados, a nuestros compañeros de los G.R.S. les han ordenado estar de brazos cruzados esperando, no sabemos qué», replican.

De esta opinión es Santiago Abascal, presidente de VOX, que ha exigido a Pedro Sánchez que declare el estado de emergencia y que los efectivos policiales usen todo el material antidisturbios en Cataluña. Pero no parece que esa sea la idea del Ejecutivo socialista, más alineado si cabe con la versión de Amnistía Internacional que pide a las autoridades que «desescalen la tensión y garanticen el derecho de reunión pacífica» en Cataluña.

Pacíficas no son exactamente las «reuniones» pues el Centro de Coordinación Conjunto (CECOR) ha constatado que los CDR y sus secuaces han obligado al Servicio de Emergencias Médicas a atender a cerca de 500 personas. Además, 288 agentes han resultado heridos (153 mossos, 134 policías nacionales y un guardia urbano). La valoración aproximada de los daños materiales ocasionados en la ciudad de Barcelona es de 2,5 millones de euros mientras que los desperfectos causados ​​en el aeropuerto Josep Tarradellas ascienden a 1,5 millones de euros.