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El Ejecutivo prorroga el Prepara y lo dota con 65 millones de euros

Álvaro nadal

El titular de Energía, Álvaro Nadal, junto al portavoz, Íñigo Méndez de Vigo (Foto: Moncloa / JM Cuadrado)

Además, aprueba la aplicación del bono social de electricidad en función de la renta de los consumidores y ayudas para el acceso a Internet de alta velocidad en zonas de difícil cobertura

El Ejecutivo ha aprobado la prórroga del Plan Prepara hasta el 30 de abril de 2018.

La renovación de este programa de recualificación profesional de las personas que agotan su protección por desempleo fue acordada en la Conferencia Sectorial de Empleo celebrada el pasado 18 de septiembre.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la prórroga, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, subrayó que en esta nueva etapa habrá 65 millones de euros para dar ayudas de 425 euros a los beneficiarios.

Esto, según Méndez de Vigo, “permitirá a muchas personas que no tienen otros ingresos seguir cubriendo sus necesidades básicas y cualificándose profesionalmente para encontrar un puesto de trabajo, que es el objetivo principal que tiene este Gobierno”.

En el mismo Real Decreto Ley donde se prorroga el Prepara el Ejecutivo ha introducido de nuevo la reducción del 20% en la cotización de los trabajadores del hogar integrados en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, con efectos desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

Este beneficio en la cuota de las personas que prestan servicios en el hogar familiar se aplicó para incentivar la formalización de las relaciones laborales y reducir el alto índice de empleo sumergido del ámbito del trabajo doméstico. Dado que el objetivo sigue vigente, el Gobierno ha optado por reincorporar la reducción del 20% de la cuota de los trabajadores domésticos.

Por otra parte, el Gobierno ha regulado el bono social de electricidad, que es un descuento en la factura eléctrica al que pueden acogerse los consumidores domésticos más vulnerables.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que acompañó al ministro portavoz durante la rueda de prensa, explicó que el nuevo bono social establece tres tipos de consumidores con derecho a una rebaja en función de determinadas circunstancias personales, como estar desempleado o tener una pensión mínima y, como novedad, fija niveles de renta.

En este sentido, los consumidores vulnerables tendrán un 25% de descuento en su factura, los vulnerables severos un 40%, y los vulnerables severos que además sean atendidos por los servicios sociales de las comunidades autónomas un 50%. Los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas serán considerados consumidores vulnerables.

Nadal concretó que la renta de las personas que viven solas no podrá superar los 11.300 euros al año para que puedan beneficiarse de una rebaja en su factura. Las familias con dos menores no podrán superar los 19.000 euros anuales. Si se trata de vulnerables severos, estos umbrales se reducen en cada uno de los casos a la mitad.

Además, el ministro ha asegurado que a los consumidores vulnerables severos atendidos por los servicios sociales “no se les puede realizar un corte de suministro eléctrico bajo ninguna circunstancia”. Para agilizar la comprobación de los requisitos de renta, se dispondrá próximamente de una aplicación informática para verificar la información disponible en la Agencia Tributaria.

Por otra parte, el coste del bono social seguirá siendo asumido por las empresas comercializadoras en función de su cuota de clientes.

Los consumidores que actualmente ya disponen del bono social podrán mantenerlo durante seis meses sin necesidad de renovación, disfrutando de un descuento en su factura durante todo el período invernal. Podrán presentar su solicitud para acogerse al bono social y la documentación acreditativa por teléfono, en la web de la empresa comercializadora, en las oficinas de la empresa; por fax, por correo postal o por correo electrónico a la dirección que señale el comercializador.

El Gobierno también ha clarificado las relaciones entre los consumidores y las comercializadoras eléctricas, que estarán obligadas a comunicar los impagos. El ministro recordó que en la actualidad solo tienen la obligación de notificar los cortes de suministro.

Además, Nadal señaló que las comunidades autónomas estarán conectadas con la Administración General del Estado para facilitar la solicitud del bono social. Así, los ciudadanos podrán solicitar directamente a sus empresas comercializadoras la aplicación del bono sin necesidad de presentar su declaración de la renta porque el Ministerio de Energía, que está en contacto con la Agencia Tributaria, les comunicará si el solicitante tiene derecho o no al bono.

Por último, el Ejecutivo acordó la concesión directa de subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 Mbits/s a las zonas con poca densidad de población y difícil acceso. La medida afecta a las personas físicas, autónomos, pymes, entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos con una población igual o inferior a cinco mil habitantes.

Álvaro Nadal explicó que se beneficiarán 1.800.000 personas que viven en esas localidades y que podrán acceder a una ayuda de 400 euros para la instalación de Internet “a una velocidad más acorde con los tiempos”.

El programa se enmarca en el conjunto de medidas que está desarrollando el Gobierno para reducir la brecha digital y garantizar que todos los ciudadanos dispongan de acceso a Internet fijo a alta velocidad.

Al respecto, Nadal destacó que España es el tercer país del mundo en desarrollo de la red de fibra, que ya cubre el 70% de la población, pero aún no llega a todo el territorio. Las compañías telefónicas adquirieron la obligación de cubrir las necesidades del 98% de la población con, al menos, 30 Mbits/s. La medida aprobada hoy ampara al 2% restante.

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