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El Defensor revela las carencias de las residencias de mayores

Francisco Fernández Marugán

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán

El número de fallecidos en los centros socio-sanitarios españoles durante la pandemia los ha puesto en el ojo del huracán

No son hospitales

¿Por qué han muerto tantas personas por covid-19 en las residencias de mayores españolas?

Aparte de porque el coronavirus mata sobre todo a personas mayores de 70 años (más del 80% de los fallecidos, que hoy superan ya los 27.100), sólo en la Comunidad de Madrid y según datos publicados este mismo miércoles por la Consejería de Sanidad, de los 13.931 muertos en la región 4.491 han expirado en centros sociosanitarios y otros 843 en sus domicilios. Esta situación se repite a lo largo ya ancho de la geografía española.

Un informe publicado hoy por el Defensor del Pueblo certifica que España cuenta con 4,1 plazas de residencia por cada 100 personas mayores. En total, en 2019 eran 372.985 plazas públicas y concertadas, según la base de datos de residencias de Envejecimiento en Red del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que indica que aunque desconoce el nivel de ocupación este podría situarse entre el 75-80 %.

Este porcentaje contrasta con otro dato constatado por el organismo dirigido por Francisco Fernández Marugán que refleja que en todas las Comunidades Autónomas no hay suficientes plazas y las listas de espera son prolongadas. Es decir, que aunque hay plazas libres hay personas mayores que no logran acceder a ellas.

Otro asunto polémico de las residencias de mayores es su nivel de equipamiento. El informe del Defensor del Pueblo corrobora que la atención sanitaria en estos centros depende del sistema de salud correspondiente (autonómico) y que es de carácter general. En caso de detectar problemas o necesitar una atención más especializada los pacientes son derivados al Sistema Nacional de Salud (a hospitales públicos).

Algunas informaciones destacan que durante los días de más tensión hospitalaria por el ingente número de ingresos de personas infectadas con coronavirus el Ministerio de Sanidad dio orden de no derivar a ningún anciano con síntomas de covid a los sanatorios públicos.

Esta mañana han acusado al ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, de haber enviado morfina como único recurso para calmar los dolores de los mayores infectados por el virus chino en las residencias. Iglesias, de quien dependen estos centros, ha rechazado las acusaciones pero las residencias de mayores son de su competencia. Y muchas de ellas, como indica el informe del Defensor del Pueblo, son ‘públicas’ y, por tanto, competencia estatal.

En este sentido, el estudio recomienda apostar por un modelo de residencias con atención médica y de enfermería más amplia -con más personal- y extensa, dado el perfil muy dependiente de los residentes. Vamos, que mejorar la cualificación del personal de estos centros con planes de formación profesional específica para estos lugares tan sensibles es imprescindible.

Otro aspecto analizado por el Defensor es el relativo a la financiación estatal de la que depende este subsistema sanitario, que es insuficiente. ‘Debería incrementarse vía Dependencia ya que, a día de hoy, la inyección de capital se encuentra muy por debajo de lo que establece la propia Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia’, asevera el análisis realizado en colaboración con todas las Consejerías del ramo autonómicas.

El último punto polémico del régimen en el que ‘viven’ las residencias de mayores en España afecta a ‘la gran dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir para recibir la autorización para funcionar’. No en todos los gobiernos regionales exigen los mismos requisitos para abrir residencia de mayores.

En definitiva, Fernández Marugán plasma en su informe que las residencias de mayores ‘se han quedado manifiestamente desfasadas’ mientras ‘los usuarios con dependencia son más y su dependencia es mayor’.

Y para solucionar este grave problema en uno de los países más envejecidos del mundo, ‘el Consejo Territorial debe conocer mejor las necesidades de los centros de mayores que atienden a personas con grados de dependencia II y III para fijar requisitos y estándares adecuados que establezcan las ratios, tanto en cómputo global como específico, por categorías profesionales, distinguiendo gerocultores y otras categorías’.

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