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El CPFF aprueba otra vez la nueva senda de déficit

María Jesús Montero

María Jesús Montero, ministra de Hacienda (Foto: JM Cuadrado)

El Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha celebrado por vía telemática sin la asistencia del representante de Cataluña

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha votado a favor de flexibilizar el objetivo de déficit para los próximos tres años.

La propuesta, aprobada por el Gobierno el pasado 19 de julio, fue rechazada por el Congreso de los Diputados ocho días después.

El CPFF, que se ha celebrado telemáticamente bajo la presidencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aprobado la flexibilización de la nueva senda de consolidación fiscal con los votos a favor del Ministerio de Hacienda (que tiene el 50% de los votos) y de las comunidades autónomas socialistas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria, donde gobierna el Partido Regionalista Cántabro (PRC) con el apoyo de los socialistas.

En contra de la senda han votado las regiones gobernadas por el Partido Popular (Galicia, La Rioja, Murcia, Madrid, Castilla y León) y Canarias. Aseguran que la propuesta del Ejecutivo significa «más gasto, más deuda, más impuestos y empeora el crecimiento económico y la creación de empleo».

En la reunión, se ha acordado ampliar el objetivo de déficit autonómico del 0,1% al 0,3% en 2019 y del 0 al 0,1% en 2020, para alcanzar la estabilidad en 2021. En la práctica, suponen un margen adicional de dos décimas de PIB y 2.500 millones de euros más de gasto público para las regiones en 2019.

Por su parte, los objetivos de endeudamiento para las Comunidades Autónomas se mantienen en el 23,7% para 2019, 23% para 2020 y 22,2% para 2021.

Como la nueva senda fiscal fue rechazada por el Congreso el objetivo de déficit para 2019 se volvió a establecer en el 0,1% inicial y al 0,0% para 2020. Para modificarlo el Gobierno ha tenido que volver a completar los trámites, ya que es el primer paso para aprobar los Presupuestos Generales de 2019 en el Parlamento.

Una de las Autonomías que han votado en contra de la nueva senda de gasto ha sido Canarias, cuya consejera de Hacienda, Rosa Dávila, considera que «España castiga a las administraciones cumplidoras» con los objetivos de déficit y deuda pública.

Dávila justifica su negativa a apoyar los planes del gobierno socialista en que la ampliación del objetivo de déficit para 2019 es ineficaz mientras no se territorialice la regla de gasto pues «solo favorece que las autonomías incumplidoras se endeuden más».

«La ampliación del objetivo de déficit para 2019 es ineficaz por dos motivos», ha detallado Dávila: «Las autonomías que tienen superávit o que cumplen los objetivos de déficit  no podrán incrementar su capacidad de gasto para financiar los servicios públicos esenciales mientras esa ampliación no vaya acompañada de la territorialización de la regla de gasto. La segunda razón es que elevar el objetivo de déficit solo permitirá a las incumplidoras seguir endeudándose para financiar los servicios públicos,  y a los que tenernos recursos propios nos limita su utilización mediante la regla de gasto».

Dávila dice haber sido testigo de «cómo se premia a quienes se han saltado los objetivos establecidos, mientras se decide castigar a las autonomías y corporaciones locales que han respetado los objetivos de estabilidad contribuyendo a la mejora económica del país».

Asimismo, Rosa Dávila ha lamentado que «el Ministerio haya impedido finalmente que Canarias destine 598 millones de euros a mejorar la sanidad, la educación y las políticas sociales en las Islas, una postura difícil de entender para la ciudadanía a quienes se les ha trasladado hoy que incumplir tiene premio».

La consejera ha recordado que «el Gobierno de Canarias no ha estado nunca en contra de una senda más flexible para las autonomías que aún tienen dificultades para rebajar su déficit y su deuda, pero no entiende que no se eliminen las restricciones que supone la regla de gasto para las comunidades cumplidoras, como el Archipiélago».

Ha explicado que «la reivindicación de las Islas es que se territorialice la regla de gasto para atender a las necesidades singulares de cada comunidad autónoma, teniendo en cuenta especialmente el esfuerzo fiscal realizado por cada una de ellas. Mientras no sea así, el Gobierno de España estará condenando a la ciudadanía de Canarias a no aplicar 598 millones de euros en los presupuestos de 2019».

Dávila ha insistido en que «las inversiones financieramente sostenibles no es una solución ni de presente ni de futuro para Canarias porque no permite utilizarlos para sufragar los servicios públicos esenciales». «Es solo un parche, sobre todo teniendo en cuenta que el Ministerio ha paralizado la reforma del Sistema de Financiación Autonómica y las Islas están financiando parte de los servicios públicos esenciales con ingresos propios», ha dicho la consejera canaria, que ha añadido que «las inversiones financieramente sostenibles no reflejan las necesidades reales de la ciudadanía canaria».

En este punto coinciden mayoritariamente las Comunidades Autónomas, incluso las que han apoyado la nueva senda, y las Administraciones Locales, que ven como su dinero esta en los bancos mientras no pueden atender a las necesidades prioritarias de los ciudadanos.

Las corporaciones locales, que se han visto afectadas por la limitación de la regla de gasto antes que las autonomías, ya han reclamado que se revisen los criterios estrictos para el destino del superávit y «que se consideren las necesidades reales».

Por su parte, la Comunidad Valenciana, una de las regiones con más deuda de toda España junto a Cataluña y que en la anterior ocasión se abstuvo y en esta ha votado a favor, contará con 850 millones de euros más. El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, ha resaltado tras la recunión del CPFF que, además, el Gobierno central asumirá la deuda del Consorcio València 2007, «lo que significa 350 millones de euros más para la Comunitat». El anterior Gobierno se negó a hacerlo pero ahora el Ejecutivo de Sánchez lo hará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Además el presidente valenciano ha confirmado «el compromiso» del Ministerio de Hacienda para corregir el efecto derivado de la aplicación del sistema de recaudación del IVA en el conjunto de las Comunidades Autónomas, aprobado por el anterior Gobierno central, y que para los valencianos habrían supuesto la pérdida en 2019 de unos 250 millones de euros. Se trata de 250 millones que la Comunitat tenía que devolver en 2019 y que, gracias al acuerdo con Hacienda, ya no se tendrán que reintegrar.

Asimismo hay que destacar que la suavización del límite de déficit hasta el 0,3% del PIB supone 245 millones adicionales. Puig también ha aludido al reciente anuncio del Gobierno para reestructurar la deuda de las comunidades y específicamente la valenciana, incluida la refinanciación de 1.000 millones de deuda de corto a largo plazo.

El presidente de la Generalitat ha remarcado que «este acuerdo por el que se aumentará el déficit no es una solución definitiva pero sí supone un avance hasta que se apruebe un nuevo modelo de financiación».

Otra de las autonomías que ha votado a favor ha sido la de Aragón. Su representante en el CPFF ha sido la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, en sustitución del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno. Ventura ha recalcado que sin la nueva senda Aragón vería reducido el presupuesto de gastos en aproximadamente 70 millones de euros.

Asimismo, un nuevo veto a la senda presupuestaria aprobada hoy podría suponer no poder contar con unos 150 millones de euros de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) en el caso de que hubiera que prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En este escenario, el presupuesto de ingresos de Aragón para 2019 no experimentaría incremento alguno, con lo que se pondrían en peligro los convenios de las políticas sectoriales, los salarios de los funcionarios no podrían subir el próximo año el 2% previsto; e igualmente se paralizarían las ofertas de empleo público en 2019.

También Extremadura se ha posicionado a favor de aumentar el objetivo de déficit autonómico para el periodo 2019-2021. A juicio de la consejera de Hacienda y Administración Pública extremeña, Pilar Blanco-Morales, la nueva senda de consolidación fiscal no pone en riesgo la sostenibilidad financiera y se adecúa mejor a la realidad y a las necesidades financieras de las comunidades autónomas.

Blanco-Morales ha asegurado que el Ejecutivo extremeño está realizando un importante esfuerzo para cuadrar las cuentas sin recortes y con la recuperación de derechos de los extremeños. Por ello, desde la Junta de Extremadura se pide responsabilidad a todos los partidos políticos para que sean responsables y apoyen esta medida, ya que la posibilidad de contar con dos décimas más de déficit es muy importante para una comunidad como Extremadura, ya que suponen alrededor de 40 millones de euros.

«La nueva senda de consolidación fiscal es aún más relevante para nuestra región tras la comunicación del Ministerio de Hacienda de que Extremadura va a recibir 30 millones menos de lo previsto en la liquidación de las entregas a cuenta del SFA de 2016», ha aseverado la consejera extremeña que también se ha referido al cambio normativo en el IVA, introducido por el ex ministro Cristóbal Montoro en 2017. «Aragón dejará de recibir alrededor de 60 millones de recaudación de este tributo en las entregas a cuenta de 2017», ha destacado antes de reclamar al Ministerio de Hacienda sensibilidad para compensar la caída de la recaudación.

Castilla-La Mancha, representada en el CPFF por Juan Alfonso Ruiz Molina, espera que «no se impida a las CCAA que lo necesitan utilizar el mayor margen de déficit en reconstruir el Estado de bienestar».

Ruiz Molina ha insistido en la necesidad de afrontar cuanto antes la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, que corrija la actual insuficiencia de recursos que sufre Castilla-La Mancha, así como la reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas que ha sido consecuencia del mal funcionamiento del vigente modelo de financiación.

Ruiz Molina ha recalcado la idea de que la nueva senda de estabilidad 2019-2021 facilita a las comunidades autónomas llegar al equilibrio presupuestario de una forma más suave.

En este sentido, ha señalado que los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria permiten que las comunidades autónomas dispongan el año que viene de una mayor capacidad de gasto. Una posibilidad que, según ha enfatizado Ruiz Molina, «no obliga a nadie», ya que si alguna Comunidad Autónoma considera que no necesita este mayor margen puede optar por no utilizarlo.

Asimismo, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que sería una contradicción que sea España la que se autoimponga austeridad en el gasto social cuando las autoridades europeas han permitido mayor margen de actuación. Ruiz Molina ha recordado que la nueva senda de estabilidad ha sido negociada por el Gobierno de España con la Comisión Europea.

Pero lo que no ha dicho el consejero castellano manchego es que Bruselas no se opone porque no entra en sus competencias las subidas de impuestos que planea Sánchez para alcanzar los nuevos objetivos. Y Podemos exige al Gobierno socialista de Pedro Sánchez más impuestos para apoyar el techo de gasto en el Congreso.

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