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El Constitucional llama a la Fiscalía actuar contra Torrent

Roger Torrent

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, en una imagen de la Cámara autonómica

Dicta dos autos anulando los acuerdos de la Mesa del Parlament de Cataluña que admitieron a trámite debatir propuestas en favor de la autodeterminación y de reprobar la monarquía

El Tribunal Constitucional ha pedido a la Fiscalía que estudie exigir responsabilidades penales al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, así como al vicepresidente primero y al secretario primero de la Mesa, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, respectivamente.

El Tribunal Constitucional considera que Torrent incurrió en un delito de desobediencia cuando el 22 de octubre de 2019 admitió a trámite dos propuestas parlamentarias en favor de la autodeterminación y para reprobar la monarquía.

También quieren conocer los magistrados del alto tribunal si tanto Torrent como Costa y Campdepadrós incumplieron la sentencia 259 dictada por el propio Constitucional el 2 de diciembre de 2015 que declaró inconstitucional y nula la resolución del Parlamento de Cataluña “sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015”.

Cuarto años más tarde, el tribunal declaró inconstitucionales y nulos (STC 98/2019) determinados apartados e incisos de las resoluciones del Parlamento de Cataluña 25 de julio (534/XII) y 26 de septiembre (546/XII) de 2019, aprobadas tras dictarse la sentencia del «procés» independentista.

La decisión, tomada por unanimidad, entronca con el incidente de ejecución de la sentencia por el que el propio Constitucional anuló los acuerdos con los que el máximo órgano de la Cámara catalana admitió el 22 y 29 de octubre de 2019 debatir dichas propuestas/resolución.

En los autos el Constitucional rememora que una de las resoluciones decía: “(…) Por ello, [el Parlamento de Cataluña], reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas (…) la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del Pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”; y la otra: “Por ello, reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía”.

El Tribunal considera que el presidente del Parlament, así como el vicepresidente primero y el secretario primero de la Mesa incumplieron el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que establece que todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal resuelva.

«Es manifiesto que la Mesa del Parlamento de Cataluña conocía que la admisión a trámite de la propuesta implicaba no respetar lo resuelto por este Tribunal en su sentencia de 2015 y en las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019”, señala el auto cuyo ponente ha sido Andrés Ollero, que, además, indica que «el secretario general y el letrado mayor de la Cámara advirtieron a la Mesa de dicho incumplimiento».

Por todo ello, el pleno desestima los recursos de súplica interpuestos contra la providencia de 5 de noviembre de 2019 con la que admitió el presente incidente de ejecución.

Asimismo, declara la nulidad de los referidos acuerdos y pide que se notifiquen los autos «personalmente al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con la advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir las STC 259/2915 y 98/2019, así como lo acordado en los presentes autos, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal».

El Tribunal concluye afirmando que no es su competencia resolver si la conducta del presidente del Parlamento de Cataluña y del vicepresidente primero y el secretario primero es constitutiva de alguna infracción penal, «pero sí constatar que las circunstancias referidas constituyen un conjunto de entidad suficiente como para trasladarlas al Ministerio Fiscal a fin de que, si lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes”.

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