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El Constitucional no ampara a Forcadell frente a Llarena

Carme Forcadell

Carme Forcadell está siendo juzgada en el Supremo

Inadmite por unanimidad y por ser prematuro el recurso de amparo de la ex presidenta del Parlament de Cataluña contra el auto del Supremo que rechazó la recusación del juez Llarena

También declara inconstitucional proponer a Carles Puigdemont a presidente de la Generalitat en su ausencia

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por unanimidad no admitir el recurso de amparo presentado por Carme Forcadell contra el auto de 6 de junio de 2018, que inadmitió la recusación del magistrado instructor de la causa especial 20907-2017, la que juzga el «golpe» en Cataluña, Pablo Llarena.

La sentencia considera que la demanda de amparo planteada por la defensa de la ex presidenta del Parlamento de Cataluña, sin haber finalizado el proceso a quo (ha comenzado este martes, 12 de febrero), aduciendo la vulneración de derechos fundamentales producida en el seno de una causa penal que se hallaba aún en curso y que, aún hoy, sigue sin haber sido resuelta de forma definitiva, lleva a inadmitir el recurso planteado.

El Pleno del TC también ha decidido por unanimidad estimar la impugnación presentada por el Gobierno contra la resolución del Parlamento de Cataluña que proponía a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat y la que convocaba sesión plenaria para celebrar la de investidura.

El fallo declara «la inconstitucionalidad y nulidad de las resoluciones del Parlamento de Cataluña de 22 de enero de 2018, por la que se proponía la investidura de Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña; y la de 25 de enero de 2018 por la que (…) se incluía en el orden del día el debate del programa y votación de investidura del diputado Carles Puigdemont.

La sentencia, de la que es ponente el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, considera que «los actos impugnados, al tener como objeto celebrar la sesión de investidura del presidente de la Generalitat en ausencia del candidato, no respetan una de las formalidades esenciales para garantizar el correcto desarrollo de este procedimiento -la comparecencia personal y presencial del candidato ante la Cámara- y por este motivo vulneran el artículo 23 de la Constitución, el 67 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 149 del Reglamento del Parlamento de Cataluña».

El Tribunal entiende que en este caso, dadas las circunstancias concurrentes (se propuso un candidato que por su situación procesal no podía comparecer libre y personalmente ante el Parlamento al pesar sobre él una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión), la investidura convocada sólo podía tener lugar en ausencia del candidato.

La sentencia estima que la decisión del presidente del Parlamento de aplazar la sesión de investidura tras haber acordado el Tribunal, como medida cautelar, suspender cualquier investidura que no fuera presencial mientras que se decidiera sobre la admisión a trámite de la impugnación (ATC 5/2018, de 27 de enero) es un hecho suficientemente relevante para concluir que las resoluciones impugnadas tenían como objeto celebrar un sesión de investidura sin la presencia del candidato en la Cámara, pues las medidas cautelares adoptadas no impedían la investidura si el candidato comparecía en la Cámara conforme a derecho, esto es, tras haberse puesto a disposición judicial y haber obtenido la pertinente autorización judicial.

En esta sentencia se sostiene que «el ejercicio personal del cargo público representativo es una exigencia que deriva del propio carácter de la representación que se ostenta, que corresponde únicamente al representante, no a terceros que puedan actuar por delegación de aquel» y por esta razón «los parlamentarios deben, como regla general, ejercer las funciones propias de su ius officium de forma personal».

Asimismo, declara, también como regla general, que «las actuaciones parlamentarias han de ejercerse de modo presencial». En particular, establece que la actuación del candidato a la Presidencia de la Generalitat en la sesión de investidura tiene carácter personalísimo y ha de efectuarse presencialmente ante la Cámara. La sentencia considera que «la comparecencia a través de medios telemáticos menoscabaría el desarrollo de este procedimiento parlamentario en el que la interacción entre el candidato y los otros diputados es esencial para su recto desenvolvimiento».

Se afirma también que la celebración del debate de investidura sin estar presente en el Parlamento el candidato privaría a la Cámara de elementos de juicio necesarios para que pudiera valorar si el candidato propuesto merece o no su confianza, por lo que afectaría a una garantía necesaria para asegurar el correcto ejercicio de la función representativa.

Por esta razón, una investidura en ausencia vulneraría el derecho de los diputados a ejercer su cargo público sin perturbaciones ilegítimas y de conformidad con lo previsto en la ley y los principios constitucionales (art. 23.2 CE), lo que conllevaría, a su vez, la lesión del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).

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