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El Constitucional impide abrir una causa general contra la Monarquía

TC

Texto del fallo del Constitucional

Como pretendía el Parlament de Cataluña con su comisión de investigación sobre la Monarquía

El Tribunal Constitucional ha dado a conocer las razones por las que el Parlamento de Cataluña no puede investigar a la Monarquía como pretendían hacer los independentistas cuando aprobaron el pasado 7 de marzo la resolución 298/XII.

El Constitucional ha declarado por unanimidad la inconstitucionalidad y nulidad de dicha resolución.

Los magistrados del TC consideran que tanto la comunidad autónoma como su cámara legislativa carecen de atribuciones competenciales para ello, ya que habrían conculcado los artículos 59.6 del Estatuto Autonómico de Cataluña y 67.1 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, respectivamente.

La sentencia, redactada por el magistrado Antonio Narváez y que puede leer aquí, señala que cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la resolución «inconstitucional» uso una potestad estatutaria en un sentido no conforme a la Constitución, pues ninguna competencia ostenta la Generalitat -o cualquier comunidad autónoma- para disponer cosa alguna sobre órganos de las instituciones generales del Estado”. Por tanto, dicha actuación incurriría en una “incompetencia manifiesta”.

El Tribunal entiende que con la aprobación de este acto parlamentario se ha pretendido ordenar una “investigación genérica de la Familia Real, de la que es cabeza el Rey de España, indagación que afectaría directamente a la Corona misma, tanto en su dimensión institucional, de la que la propia Familia Real es indisociable (art. 65.1 CE), como en su condición estricta de órgano constitucional (la Jefatura del Estado), vertientes una y otra, que se integran y unifican en la persona del Rey de España, titular de la Corona (art. 57.1 CE)”.

También se declara la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 298/XII, apelando a la inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad alguna del Rey conforme dispone el artículo 56.3 de la Constitución.

El Pleno, recogiendo la doctrina sentada en la sentencia 98/2019 del propio TC, declara que “la inviolabilidad preserva al rey de cualquier tipo de censura o control de sus actos; se hallan estos fundamentados en su propia posición constitucional, ajena a toda controversia, a la vista del carácter mayoritariamente debido que tienen”.

De otro lado, a la inviolabilidad se une la no sujeción a responsabilidad, referido a que no pueda sufrir la imposición de consecuencias sancionatorias por un acto que, en otro caso, el ordenamiento así lo impondría.

En definitiva, “la resolución 298/XII del Parlamento de Cataluña “es contraria al estatuto constitucional del Monarca, al que la Norma Fundamental ha caracterizado como como símbolo de unidad y permanencia del Estado y confiado el arbitrio y moderación del funcionamiento regular de las instituciones (artículo 56.1 CE), en orden a asegurarle una posición de neutralidad respecto de la contienda política, posición que le hace acreedor de un respeto institucional cualitativamente distinto de las demás instituciones del Estado”, subraya la sentencia.

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