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El TC avala las condenas de los que impidieron acceder al Parlament

Cándido Conde Pumpido

El fiscal general del Estado con ZP, Cándido Conde Pumpido, ha formulado un voto particular contra la sentencia (Foto: Youtube)

El Tribunal Supremo condenó a cinco personas por un delito contra las instituciones del Estado de los previstos en el artículo 498 del Código Penal

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso interpuesto por cinco personas contra la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2015 que les condenó a tres años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo como autores de un delito contra las instituciones del Estado (art. 498 Código Penal).

El Tribunal considera que los condenados, que formaban parte de un grupo numeroso de personas (entre 600 y 1000), se concentraron frente a la puerta del Parlamento de Cataluña por donde entran los diputados autonómicos con objeto de impedirles acceder.

La mayoría de los magistrados consideran que los concentrados no se hallaban en el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pese a que la convocatoria había sido comunicada a las autoridades porque habían acudido en respuesta al lema de la convocatoria: ‘Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retallades’ (‘Paremos el Parlament, no permitiremos que aprueben recortes’).

Queda acreditado, dice el fallo del tribunal intérprete de la Constitucional Española (CE), que algunos de los diputados se vieron impedidos para acceder a la cámara catalana por sus propios medios, otros hallaron dificultades en dicho acceso y, finalmente, otros tuvieron que ingresar en el Parlamento utilizando un helicóptero.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, señala que la evaluación del carácter coercitivo o intimidatorio de las conductas imputadas a los recurrentes en amparo no puede aislarse del contexto en el que se desarrollaron. En efecto, ‘no cabe considerar ejercicio legítimo de la libertad de expresión, reunión o manifestación a aquellos mensajes que, por su contenido o por la forma de expresarlos, incorporen amenazas o intimidaciones a los demás, es decir, aquellos casos en que los derechos se ejerciten de forma desmesurada y exorbitante en atención al fin al cual la Constitución le concede su protección preferente’.

En este sentido, el Tribunal entiende que fue la forma exorbitante e intimidatoria de las acciones visibles de los recurrentes lo que propició que con su conducta dificultaran el acceso de los diputados a la sede del Parlament para que este pudiera desarrollar con normalidad su sesión plenaria convocada y abordar el orden del día programado, en el que figuraba el debate sobre los presupuestos generales de la comunidad autónoma y, por ende, las decisiones anuales de gasto público.

El Tribunal recuerda que el ejercicio de las libertades de reunión, manifestación y expresión no es ilimitado, dado que sus límites se encuentran en otros bienes y valores constitucionales entre los que se encuentran los derechos de participación política del art. 23 CE de los diputados y de los ciudadanos que aquéllos representan. En el caso analizado, la sentencia explica que la conducta de los recurrentes no está amparada por el ejercicio de aquellas libertades porque ‘en definitiva, lo que perseguían los allí concentrados era atacar las raíces mismas del sistema democrático’.

El Constitucional también respalda la duración de las penas porque ‘el objetivo de la concentración convocada era el de paralizar la actividad de la Cámara y que el proyecto de presupuestos no fuera aprobado’.

La sentencia cuenta con varios votos particulares. Entre ellos, el del magistrado Cándido Conde-Pumpido, que considera que la condena del Tribunal Supremo vulneró el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y que, por tanto, debería haberse declarado nula.

El que fuera fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero entiende que la pena de prisión de tres año es manifiestamente desproporcionada ya que, opina, la conducta de los acusados, ‘por su menor lesividad, no puede ser considerada típica sin desbordar los límites interpretativos que le corresponde a los órganos jurisdiccionales’.

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