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El TC avala el despido objetivo por faltas de asistencia reiteradas

Tribunal Constitucional

Sede del Tribunal Constitucional en Madrid

La sentencia cuenta con tres votos particulares

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha dictado una sentencia en la que avala la extinción de un contrato laboral por causas objetivas si hay faltas de asistencia intermitentes aunque justificadas.

La sentencia, que cuenta con tres votos particulares y que puede leer aquí íntegramente, responde a una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona respecto al artículo 52 apartado d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), aprobado por Real Decreto Legislativo de 23 de octubre de 2015.

M.E.S.Z. fue despedida por causas objetivas en virtud de lo establecido en ese art. 52 d) LET. En la carta de despido se hacía referencia a los nueve días hábiles que por incapacidad temporal faltó al trabajo entre el 11 de abril y el 17 de mayo de 2016.

La empresa alegó que esos nueve días hábiles de los cuarenta que tienen los dos meses continuos tenidos en cuenta suponen el 22,50% de las jornadas hábiles del período. Superan, por tanto, el 20% establecido en el citado artículo 52 d) para proceder al despido objetivo. Además, se afirma en la carta de despido, sus ausencias en los doce meses anteriores alcanzan el 5% de las jornadas hábiles. En concreto las ausencias que se produjeron en los últimos doce meses ascienden al 7,84 %.

La trabajadora, por su parte, solicitó que se declarase la nulidad del despido porque el artículo 52 d) vulnera su derecho fundamental a estar enferma. También alegaba que no se habían alcanzado las cifras de absentismo que se indican en la carta de despido.

Los magistrados del Constitucional descartan, entre otras cosas, que el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores resulte contrario al artículo 35.1 de la Constitución Española -“que establece el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedido sin justa causa»-, pues si bien es cierto que el legislador adoptó una medida que limita el derecho al trabajo, lo hizo con una finalidad legítima -evitar el incremento indebido de los costes que para las empresas suponen las ausencias al trabajo-, que encuentra fundamento constitucional en la libertad de empresa y la defensa de la productividad (art. 38 CE)».

Añade que «se han ponderado los derechos e intereses en conflicto y que la aplicación del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores en este caso concreto no va más allá de lo necesario para alcanzar la finalidad legítima de proteger los intereses del empleador frente a las faltas de asistencia del trabajador a su puesto de trabajo, cuando alcancen la duración establecida por la norma».

Una norma, por cierto, que no pone en peligro la salud del trabajador. Al respecto la sentencia señala que «no cabe entender que con esa regulación el legislador esté desprotegiendo la salud de los trabajadores (…) ya que se limita a regular la posibilidad de que el empresario extinga el contrato de trabajo por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen unos determinados porcentajes, y que pueden derivar de enfermedades de corta duración del trabajador -hayan dado lugar o no a la expedición de partes de baja médica-«.

La sentencia cuenta con tres votos particulares, uno de los cuales se adhiere en parte al redactado por la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, que puede leer aquí

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