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El Constitucional anula la reprobación de Felipe VI aprobada en el Parlament

Roger Torrent

Roger Torrent es el presidente del Parlament catalán

Declara inconstitucionales y nulas las letras C) y D) de la resolución del Parlamento de Cataluña por las que se reprobaba al monarca

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido que son inconstitucionales partes de la resolución aprobada en el Parlamento de Cataluña en octubre de 2018 con la que el separatismo «reporobó» a Felipe VI.

Por unanimidad los magistrados han declarado nulas las letras c) y d) del apartado 15 del epígrafe II de la resolución 92/XII sobre la «priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia». Ambos apartados contienen afirmaciones de «rechazo» y «condena» al Rey y una reafirmación de los valores republicanos. Al mismo tiempo apuestan por la abolición de la monarquía como institución caduca.

Los partidos independentistas respondieron así a la declaración institucional que hizo el rey en octubre de 2017 tras el «golpe» en Cataluña. Desde el Parlament han pedido la inadmisión de la impugnación argumentando que la disposición autonómica eran meras declaraciones de carácter político que estaban amparadas por la libertad de expresión.

A ello responde la sentencia, que puede leer aquí, con la afirmación de que «cuando es el Pleno de un órgano legislativo (Parlamento de Cataluña) el que adopta una decisión y toma posición ante un determinado hecho de relevancia pública, tal decisión constituye la expresión de la voluntad de una institución del Estado». Por tanto, ello «no supone el ejercicio de una libertad o derecho fundamental, sino el de una competencia, atribución o función».

Seguidamente, el Pleno advierte que el análisis de las letras c) y d) debe hacerse de una manera conjunta, porque el contenido de las decisiones parlamentarias allí expresado guarda una «unidad de sentido», al recoger expresiones que encuentran una conexión entre ellas.

Y acto seguido, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, razona, en relación con el contenido de la letra c) que «la persona del rey es inviolable y está exenta de toda responsabilidad por sus actos (art. 56.3 CE)». De ahí que «cualquier decisión institucional de un órgano del Estado, en este caso el Parlamento de Cataluña, que pretenda emitir aquel doble juego de contradicción u oposición, así como de reprobación hacia la persona del rey, resultará contrario al estatus constitucional del Monarca». Ello significa que «la imputación de una responsabilidad política y la atribución de una sanción, igualmente política, en forma de rechazo y condena contraviene directamente el art. 56.3 CE».

El Tribunal resalta que el ordenamiento constitucional sitúa al rey como jefe del Estado y símbolo de la unidad y permanencia del Estado (art. 56.1 CE) y que se mantienen ajeno a toda controversia política, no teniendo intervención en su normal desenvolvimiento, por lo que entiende que el texto de la letra c) es inconstitucional y nula.

En este contexto, el Constitucional subraya, además, que «tal decisión de la Cámara ha sido adoptada fuera del ámbito de sus propias atribuciones, que son las que le confieren la Constitución, el Estatuto de Autonomía y su propio Reglamento orgánico, que no le reconocen ninguna potestad de censura o reprobación de los actos regios».

También afirma la sentencia que la letra d) de la resolución debe ser declarada inconstitucional y nula porque expresa una relación directa con la letra c). En efecto, lo que hace la letra d) es reafirmar su compromiso con los valores republicanos, esto es reforzar su preferencia por el sistema republicano y al mismo tiempo también su rechazo y condena a la institución monárquica, en cuanto es ostentada por el titular de la Corona, que previamente ha sido objeto de rechazo y condena.

Por tanto, «no se trata como dice la representación del Parlamento de Cataluña de una declaración de voluntad política que no va más allá de este deseo», sino que «la apuesta por la abolición de la Monarquía se tiene que interpretar también en ese contexto de rechazo y condena porque se hace un juicio de reprobación dirigido contra el rey, la Corona y el sistema constitucional de Monarquía parlamentaria que aquel representa».

Ahora bien, el TC también apunta que «supuesto distinto del que ahora analizamos habría sido aquel en que el contenido de lo acordado, de similar o parecido enunciado al recogido en la letra d), hubiera figurado, o bien aisladamente en otra resolución diferente, o bien en un contexto distinto dentro de la misma resolución, que no guardara vinculación con el de la letra c).

En tales supuestos, no tendría este Tribunal por qué llegar necesariamente a declarar inconstitucional y nulo su texto en cada caso. En este sentido, resulta pertinente recordar que los actos, acuerdos y resoluciones que apruebe una cámara legislativa, como es el Parlamento de Cataluña, emanan del órgano que encarna la representación de la voluntad popular y son expresión de la autonomía parlamentaria que caracteriza el contenido esencial de su naturaleza institucional».

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