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El Congreso de los Diputados aprueba el aforamiento del Rey Juan Carlos I

Juan Carlos I

Juan Carlos I responderá ante el TS (Foto: Casa del Rey)

Con los votos a favor de Partido Popular, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro, la abstención de PSOE, CiU y Coalición Canaria y la oposición de la Izquierda Plural, UPyD, PNV y la mayoría del Grupo Mixto (Amaiur, ERC, BNG, Compromís, Nueva Canarias y Geroa Bai)

Se envía al Senado dentro del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985. Dentro de esta reforma se ha introducido el polémico aforamiento del Rey Juan Carlos I -enmienda número 8 presentada por el Partido Popular-, que incorpora un nuevo artículo, el 55 bis, en el que se recoge que las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, los Príncipes de Asturias, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte».

La reforma, que ha sido aprobada por 186 votos a favor, 30 en contra y 112 abstenciones, continúa su tramitación en el Senado. Los votos del Partido Popular y los de Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro, han servido también para rechazar las enmiendas introducidas por distintos partidos de la oposición.

Con el nuevo artículo se añade también un nuevo apartado IV a la exposición de motivos de la LOPJ en el que se dice que «conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad. Por el contrario, los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional, por lo que, al no estar contemplado en la normativa vigente el régimen que debe aplicarse al ex Jefe del Estado en relación con las actuaciones procesales que le pudieran afectar por hechos posteriores a su abdicación, se precisa establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial».

«En este sentido, el nuevo artículo que se introduce atribuye el conocimiento de las causas civiles y penales que contra él se pudieran dirigir por los referidos hechos al Tribunal Supremo, atendiendo a la dignidad de la figura de quien ha sido el Rey de España, así como al tratamiento dispensado a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado», añade. «Y similares razones concurren en la necesidad de dotar de idéntico aforamiento ante el Tribunal Supremo a la Reina consorte o al consorte de la Reina y a los Príncipes de Asturias, así como al consorte del Rey o de la Reina que hubiere abdicado».

Además, a través de una segunda enmienda se incluye una disposición transitoria para que, en el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados cuando la ley entre en vigor, éstas sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo.

Entre los más críticos con la forma que ha utilizado el PP para aforar al Rey saliente, está el diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, que ha tachado el «aforamiento exprés» de Juan Carlos de Borbón y de otros miembros de la Familia Real impuesto por el PP como «la sustitución de los Pactos de la Moncloa por el Pacto de la Zarzuela».

Llamazares ha dicho que esta imposición legislativa supone un «desacato a la Justicia y al juez  José Castro, instructor del caso Nóos, que ha imputado a la infanta Cristina por delitos fiscales y blanqueo de dinero, porque convierte el aforamiento extraordinario en un aforamiento generalizado, retroactivo y vitalicio, lo que es un desafuero». Según el parlamentario de IU la imputación de la infanta Cristina y el aforamiento extraordinario de su padre están vinculados y lamenta que el PP haya aprobado «una ley anti juez Castro«.

 

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