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El Congreso aprueba los objetivos de estabilidad presupuestaria

Congreso

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, definiendo los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de deuda pública en el Congreso

Y la senda para el período 2021-2023

El Gobierno dice «adecuar» los objetivos de estabilidad a la situación económica de España

El Congreso de los Diputados ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de 2020, así como la senda de estabilidad para el período 2021-2023, presentados por el Gobierno.

Es el paso previo para la elaboración del Presupuesto, que continúa ahora su tramitación en el Senado. Los nuevos objetivos de déficit y deuda han salido adelante con 168 votos a favor (PSOE y Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, PRC y Teruel Existe), 150 votos en contra (PP, VOX, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Junts per Cataluña y la CUP) y 19 abstenciones (ERC, EH-Bildu y BNG).

Después de la reunión de «la mesa bilateral» España-Cataluña, los separatistas de Esquerra Republicana se han abstenido -no así los diputados del partido de Quim Torra-, avalando la propuesta del Ejecutivo que, dice, «adecúa» los objetivos «a la realidad económica de España» permitiendo «reducir el déficit y la deuda pública sin poner en peligro el crecimiento y la creación de empleo».

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido durante su intervención en el Pleno del Congreso que los nuevos objetivos de estabilidad aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 11 de febrero «fortalecerán el Estado de bienestar y recuperarán derechos respetando las reglas fiscales de la UE».

Montero ha añadido que se trata de una senda “realista y creíble que permitirá compaginar la consolidación fiscal con la apuesta del Gobierno por reforzar las políticas públicas y los servicios esenciales para no dejar a nadie atrás».

En concreto, el acuerdo ratificado por el Congreso establece un objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas del 1,8% del PIB en 2020. Para la Administración Central, el límite es del 0,5%; para las Comunidades Autónomas queda fijado en el 0,2%; para la Seguridad Social en el 1,1% y equilibrio presupuestario para las entidades locales.

De esta forma, el mayor esfuerzo fiscal lo realizará la Administración Central, que debe reducir su déficit desde el 1,32% registrado en 2018, al 0,5%. Es decir, una disminución de ocho décimas en dos ejercicios. La Seguridad Social tiene que rebajar su déficit del 1,44% al 1,1%, lo que supone una reducción de tres décimas. Por último, el esfuerzo exigido a las Comunidades Autónomas es menor y basta con reducir una décima su déficit.

Por su parte, la senda aprobada para el período 2021-2023 fija un déficit para el conjunto de Administraciones Públicas del 1,5% en 2021; del 1,2% en 2022; y del 0,9% en 2023. Un estudio del IEE demuestra que España podría acabar con el déficit sin subir los impuestos.

El desglose por subsectores fija que la Administración Central reduzca su déficit progresivamente hasta quedar en el 0,1% en 2023. La Comunidades Autónomas disminuirán su déficit una décima cada año hasta alcanzar el equilibrio en 2022 y 2023. Para las Entidades Locales se contempla equilibrio presupuestario durante todo el período 2021-2023. Y la Seguridad Social reducirá de forma más moderada su déficit hasta situarlo en el 0,8% del PIB en 2023.

Asimismo, el objetivo de deuda pública de 2020 para el conjunto de las Administraciones Públicas se establece en el 94,6% (el 69,2% para la Administración Central y Seguridad Social, el 23,4% para las comunidades autónomas y el 2% para las entidades locales) y se reducirá hasta quedar por debajo del 90% (89,8%) en 2023. Bruselas dio ayer un toque de atención al Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la elevada deuda pública.

La ministra de Hacienda ha puesto en valor que España ha cerrado 2019 con una reducción de la deuda pública de más de dos puntos, lo que supone el mayor ritmo de descenso desde 2007. Esto ha permitido cumplir el objetivo del 95,9% y situar la ratio en el 95,5% del PIB, lo que se traduce en la cifra más baja desde 2012.

Por último, el acuerdo ratificado hoy por el Congreso contempla la tasa de variación a efectos de cumplimiento de la regla de gasto que será del 2,9% en 2020 y se incrementará hasta alcanzar el 3,3% en 2023. Establece el límite de gasto no financiero para 2020 en 127.609 millones de euros y en 131.437 millones en 2021.

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