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El Congreso aprueba el desahucio exprés de los okupas

Okupas

Los okupas se creen con derecho a todo…

La Comisión de Justicia envía al Senado la modificación de la Ley de Enjuiciamiento para proteger la propiedad privada frente a la ocupación ilegal

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que protege la propiedad privada frente a la ocupación ilegal.

Se ha dado así el visto bueno a la proposición de ley presentada por el Partit Demòcrata Europeu Catalá (PDeCat), que incluye en la LEC la posibilidad de interponer un juicio verbal para recuperar la posesión de una vivienda ocupada ilegalmente.

Cuando el Senado dé el visto bueno al texto los propietarios, las entidades sociales y administraciones públicas tenedoras de un parque de viviendas de carácter social destinado a atender las necesidades urgentes de personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en materia de vivienda podrán recuperar su vivienda «okupada» más rápidamente de lo que se hace en la actualidad.

La portavoz del PDeCat, Lourdes Ciuró, defendió la propuesta porque «servirá para acabar con las mafias, que se aprovechan del largo espacio de tiempo que hay desde que se presenta una demanda hasta que concluye, que pueden ser dos años».

La iniciativa ha contado con el respaldo del Partido Popular, Ciudadanos y Partido Nacionalista Vasco (PNV).

PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC y Compromís han votado en contra. Los socialistas consideran que esta ley «no resuelve el problema de las ocupaciones ilegales ni beneficia a los particulares que tienen una vivienda ocupada».

La diputada del PSC y vocal de la comisión, Mercè Perea, ha advertido que la iniciativa aprobada «hace el juego a todos aquellos que pretenden especular con la vivienda y roban derechos de la ciudadanía, porque sólo marca la rapidez del procedimiento para echar a los ocupantes, pero no resuelve el problema de las viviendas ocupadas ni tampoco los problemas de las administraciones públicas».

Los podemitas, por su parte, estudian llevar el texto ante el Tribunal Constitucional. El representante de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, ha señalado que «se ha aprobado un texto que incumple nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».

La norma considera que «la okupación ilegal no puede ser una forma establecida y tolerada de acceso a la vivienda, no puede ser tampoco la vía de acceso al derecho constitucional a una vivienda». Por ello, articula mecanismos legales que permitan la garantía y la imperturbabilidad de la propiedad privada de las personas físicas.

Así, se incorpora al artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil un inciso (2º bis) que dice que «se decidirán en juicio verbal las demandas que pretendan el lanzamiento o desalojo y la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, por parte de su dueño o usufructuario, siempre que se trate de personas físicas, o bien de entidades sociales y de administraciones públicas tenedoras de un parque de vivienda de alquiler social, con derecho a poseerla, por haber sido desposeídos de ella sin su consentimiento».

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