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El CGPJ pide protección para los jueces a Interior y a la Generalitat

CGPJ

Carlos Lesmes es el presidente del CGPJ

Ante los ataques ocurridos en los últimos días en sedes judiciales de Cataluña

La Comisión Permanente también solicita a la Fiscalía General del Estado que investigue los ataques

El Supremo ha rechazado todas las recusaciones presentadas por los golpistas contra el tribunal que juzgará la causa abierta por el «procés» [1]

Los jueces que imparten Justicia en Cataluña no están siendo protegidos como es debido ni por la Generalitat ni por el Ministerio del Interior.

En los últimos días numerosas sedes judiciales -Gerona, Sabadell o Manresa, entre otras- han sufrido ataques de los independentistas violentos. Algunas han aparecido cubiertas de excrementos y pintadas con mensajes de odio insultantes y amenazantes.

Los responsables son los CDR, los Comités de Defensa de la República que actúan con absoluta impunidad. Tanto es así que el mismísimo presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido al conseller de Interior, Miquel Buch, que ordene a los Mossos d’Esquadra que no carguen, como hicieron el pasado jueves, contra sus miembros aunque corten la vía pública, incendien contenedores y destrocen el mobiliario urbano.

Los radicales intentaron boicotear manifestaciones de VOX en Gerona y Tarrasa rompiendo los cordones policiales de protección, lanzando objetos y quemando contenedores. Y los mossos se lo impidieron cargando contra ellos, lo que entre algunos dirigentes independentistas «no se acaba de ajustar a los principios de una policía democrática». Es más, Torra ha instado a Buch a que haga cambios «en breve» en la cúpula de los Mossos y que revise los protocolos de actuación de la policía autonómica. Ambos se reunirán este domingo para «tomar decisiones».

En este contexto de violencia callejera consentida y acoso constante a la judicatura, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy por unanimidad reclamar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al consejero de Interior un «plan integral de protección» de los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña y de las sedes judiciales de la Comunidad.

También pide a la Fiscalía General del Estado que investigue los ataques de los últimos días y que «supervise la investigación» sobre los mismos, en manos de los Mossos». El CGPJ no quiere «omisiones» ni falta de «responsabilidades».

El máximo órgano de los jueces expone que la independencia del Poder Judicial es parte del Estado de Derecho sin el cual no hay democracia. Esa independencia se quiebra si los jueces y magistrados no pueden trabajar con tranquilidad, lo que no ocurre si perciben falta de seguridad o temen por la integridad de sus familias.

Esto es lo que sucede. Que los jueces no aprecian que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para prevenir los ataques contra ellos y perseguir los delitos de los violentos.

Es algo que se viene observando «con preocupación intensa y creciente en Cataluña». Y el CGPJ culpa directamente de esto a las autoridades catalanas. «Estas actitudes se iniciaron hace ya algunos años, alentadas por miembros de las instituciones autonómicas catalanas que promovieron manifestaciones ante sedes judiciales» para rechazar la sentencia dictada en la causa abierta por la consulta del 9-N [2]. El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, y los suyos alentaron manifestaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Pero eso se ha quedado en nada en comparación con las «acciones criminales» que se han multiplicado y que son «jaleadas por altos representantes de las instituciones catalanas» mientras el Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña se pone de perfil.

Por todo ello la Comisión Permanente del CGPJ solicita al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que elabore un informe sobre todos los ataques sufridos por jueces y magistrados que prestan servicios en Cataluña, así como de sus familias y bienes.

El informe debe incluir también todos los incidentes producidos en sedes judiciales en Cataluña. Y una vez elaborado se enviará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al Consejero de Interior de la Generalidad, Miquel Buch, al presidente de la Junta de Seguridad de Cataluña, así como a los presidentes de las Juntas de Seguridad Provinciales.