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El CGPJ avala a Dolores Delgado como fiscal general del Estado

Dolores Delgado

Dolores Delgado juró su cargo como ministra de Justicia el 6 de junio de 2018 (Foto: Casa del Rey)

Por 12 votos a favor y 7 en contra

Además, el CGPJ ha decidido paralizar el nombramiento de cargos judiciales mientras no se renueva la institución, en funciones desde el 4 de diciembre de 2018

La fiscal de la Audiencia Nacional y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado, cargo para el que fue propuesta el pasado martes por el Consejo de Ministros y que el PP recurrirá.

Es lo que este jueves ha considerado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una reunión en la que ha quedado claro que el nombramiento de Delgado es, al menos, polémico.

Del total de vocales que integran el órgano de gobierno de los jueces, 12 han votado a favor -el presidente, Carlos Lesmes, y los vocales Ángeles Carmona, Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Rafael Fernández Valverde- y siete -Nuria Díaz, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart- en contra de la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez.

Vicente Guilarte y Wenceslao Olea no han asistido al Pleno y Pilar Sepúlveda ha intervenido por videoconferencia.

“A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada”, señala el CGPJ en el que hay un voto particular discrepante de Nuria Díaz, al que se han adherido el resto de los vocales que han votado en el mismo sentido, que advierte que Delgado «no es idónea para desempeñar el cargo y que las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía».

Tal y como publica el CGPJ, Dolores Delgado se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y, según la certificación remitida por la Fiscalía General del Estado, tiene acreditados más de 28 años de servicios prestados en la Carrera Fiscal, desde su ingreso en febrero de 1990 hasta su nombramiento como ministra de Justicia en julio de 2018.

Su primer destino fue la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Barcelona, donde permaneció hasta 1993, fecha en la que fue destinada a la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.

Entre abril de 2004 y septiembre de 2005 estuvo destacada temporalmente en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de junio a diciembre de 2006 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En enero de 2007 pasó a ocupar plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde ejerció sus funciones hasta que fue nombrada ministra.

En otro acuerdo el CGPJ ha decidido paralizar temporalmente el nombramiento de cargos judiciales mientras no se renueva la institución. Los procesos para cubrir las vacantes judiciales volverán a ponerse en marcha si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación, a fin de evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia.

En este momento, son cinco las plazas que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial debería renovar: tres de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia de Ourense.

El CGPJ, cuyo mandato de cinco años venció el 4 de diciembre de 2018, ha cubierto desde entonces todas las plazas judiciales y gubernativas que han ido quedando vacantes de acuerdo con el artículo 570.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé expresamente que, durante el tiempo que esté en funciones, la única competencia que no podrá ejercer es la elección de un nuevo presidente de la institución.

Las tres vacantes en la Sala Segunda del alto tribunal, por ejemplo, supone que el 20 por ciento de su planta -formada por el presidente y catorce magistrados- esté sin cubrir, por lo que de prolongarse en el tiempo esta situación el normal funcionamiento de la sala se vería gravemente resentido.

Desde que está en funciones, el CGPJ ha nombrado a diez magistrados del Tribunal Supremo para plazas que habían quedado vacantes por jubilación (en 9 de los casos) o por renuncia de su anterior titular (en el otro).

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