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CGPJ: ‘O los Mossos protegen a los jueces o lo hará la Guardia Civil’

Carlos Lesmes

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, no quiere más ataques a sedes judiciales

Ante los ataques recibidos en mas de 20 sedes judiciales catalanas por miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR)

Los mossos se quejan de que no pueden hacer frente a la “operación TOGA”

El Tribunal Supremo rechaza la última argucia de las defensas de los golpistas para retrasar el juicio por el 1-O, que comenzará el próximo 12 de febrero

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy solicitar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que “de manera puntual y permanente” informe sobre la suficiencia y efectividad de los dispositivos de seguridad en sedes judiciales desplegados hoy mismo por los Mossos d’Esquadra, después de los ataques ocurridos el pasado lunes en más de una veintena de esas sedes, en las que miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) vertieron una mezcla de basura, excrementos y productos químicos.

El presidente del TSJC ha informado este jueves de que la Jefatura de los Mossos ha ordenado que haya una custodia permanente de mossos uniformados en todas las sedes judiciales y en todos los turnos de trabajo, dispositivo que -tal y como han verificado los presidentes de las Audiencias Provinciales y los jueces decanos- se ha hecho efectivo esta mañana.

El CGPJ advierte, no obstante, que “en caso de que, a partir de esos informes, se concluyese que la suficiencia y efectividad de los dispositivos ha resultado cuestionable, esta circunstancia se pondrá en conocimiento del Gobierno de la Nación para que articule los medios jurídicos y materiales necesarios de colaboración y coordinación para proporcionar a las sedes judiciales la debida protección con participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

El máximo órgano de los jueces ha tomado conocimiento del informe solicitado el pasado 7 de diciembre al presidente del Tribunal Superior catalán en relación con los ataques sufridos por jueces y magistrados y sedes judiciales de esa Comunidad Autónoma, así como de los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno de ese órgano judicial el pasado martes, después de los últimos incidentes.

El CGPJ expresa, como ya hizo en los acuerdos aprobados los pasados 15 de noviembre y 7 de diciembre, que los jueces y magistrados destinados en Cataluña realizan “un esfuerzo extraordinario y efectivo, que nunca será suficientemente reconocido, para llevar a cabo su función con absoluta independencia e imparcialidad para que la democracia sea una realidad en Cataluña y en el resto de España”.

La Comisión Permanente “se congratula de que, por fin, (…) se estén adoptando medidas que parecen apuntar en la línea correcta, aunque haya tenido que ser tras múltiples requerimientos y, finalmente, órdenes perentorias”.

El dispositivo de vigilancia de los tribunales catalanes ha sido denominado por la Jefatura de los Mossos “operación TOGA” y no ha caído bien en el seno de la Unió Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC).

Este sindicato argumenta que “cada vez tienen más servicios, controles planificados, incidentes constantes, agresiones a mossos,… mientras siguen en Nivel 4 de alerta terrorista”. Y ahora el presidente del TSJC les ordena una vigilancia policial presencial y permanente de las sedes judiciales de las Audiencias Provinciales y de los 49 partidos judiciales de Cataluña…

USPAC se refiere a que la “sangrienta falta de efectivos” que sufren y que llevan denunciando desde hace años provoca que en muchos lugares no haya patrullas para cubrir los servicios e incidentes del día a día. También que la más que importante labor de prevención y vigilancia queda “tocada de muerte” y que en muchos lugares es inexistente. “Obviaremos dar datos por motivos de seguridad”, señalan.

Por todo ello, consideran que “es una irresponsabilidad y un despropósito ordenar a los mossos un servicio planificado fijo y permanente de 24 horas a todos los juzgados de Cataluña”. Y piden a sus responsables, al Ministerio del Interior y al Gobierno que solucionen el problema. Porque, terminan, “somos los que somos y no nos podemos multiplicar”.

A falta de pocos días para que comience el juicio por el “golpe” en Cataluña, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de varias defensas de aplazarlo para practicar “prueba documental anticipada”.

En el mismo auto que niega retrasar el juicio, el tribunal contesta a la “vulneración del derecho de los procesados a su dignidad y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes en los traslados policiales”. La Sala recuerda que ya “puso en conocimiento de las autoridades responsables del traslado -y ahora reitera- la necesidad de que éste se verificara con escrupuloso respeto a la dignidad de los procesados. Es un hecho notorio que las posibles responsabilidades que pudieran haberse derivado de los hechos que se denuncian están siendo depuradas por el Ministerio del Interior. Será en ese ámbito de actuación en el que deberán formularse las alegaciones que se estimen pertinentes”.

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