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El 30% del gasto municipal se destina a funciones de gobierno

Servicios públicos municipios España

Amplíe la imagen si quiere ver los servicios obligatorios de los municipios según su población

El 84% de los ayuntamientos españoles tiene menos de 5.000 habitantes y albergan a menos del 12% de la población total

En la mayoría de los ayuntamientos españoles (en el 84%) los gastos en actuaciones de carácter general (órganos de gobierno, servicios de carácter general, administración financiera y tributaria, y transferencias a otras Administraciones Públicas) constituyen la primera partida de gastos (con un 30%), ligeramente por encima incluso de los destinados a servicios públicos básicos (seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente).

A la vista de que de los 8.131 municipios existentes en España 6.808 tienen menos de 5.000 habitantes, los economistas abogan por la cooperación intermunicipal para la gestión y prestación de servicios, más aun si se tienen en cuenta las medidas que se están tomando para adaptarse a la situación provocada por el Covid.

A ello hay que sumarle también los retos a los que habrán de enfrentarse los consistorios, ya que, según la OCDE, al menos 100 de las 169 metas en las que se desglosan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se alcanzarán sin el compromiso y la coordinación con los gobiernos locales y regionales.

El estudio Los municipios en tiempos de Covid: el territorio de la cooperación, editado por el Consejo General de Economistas de España y que hoy ha presentado su presidente Valentín Pich, realiza un breve recorrido por algunos aspectos clave de la situación actual de las haciendas locales.

En cuanto a la racionalización del gasto municipal, Valentín Pich ha señalado que ‘de los 6.808 municipios que tienen menos de 5.000 habitantes, algo más de la mitad (3.585) disponen de piscinas públicas’, algo que -según Pich- ‘ha dejado de tener sentido, no solo por lo caro que resulta el mantenimiento de estas instalaciones sino, sobre todo, por una cuestión medioambiental’. ‘¿No sería más razonable tener transporte público no contaminante entre pueblos próximos?’, se ha preguntado.

En este aspecto las fusiones municipales serían una buena manera de redimensionar los gastos públicos a cambio de incentivos como ‘la reducción de la deuda o la financiación de infraestructuras’ para los ‘fusionados’.

Especial mención se ha hecho de los denominados ‘municipios turísticos’. El estudio llama la atención sobre una situación ‘absurda’: la ley de financiación de las haciendas locales deja fuera de esta definición a una gran parte de los ayuntamientos españoles que son referentes en turismo. Hasta tal punto que solamente 15 municipios de 8 provincias han recibido la calificación de turísticos de acuerdo con esta definición.

A este respecto, la coautora del informe, Amelia Díaz -profesora de la Universidad de Barcelona y miembro del grupo Colmeiro- ha señalado que el estudio deja ‘claro que los municipios turísticos reciben financiación por la población real censada y no por la flotante, al igual que cualquier otro ayuntamiento, pero su gasto es superior, dado que soportan más costes en materia de suministros, sanidad, seguridad o infraestructuras, ya que, en determinados momentos del año, sobre todo en verano, la cifra de visitantes supera hasta en dos y tres veces a la población de derecho’.

Por ello, según Díaz, ‘resulta razonable la financiación adicional que vienen reclamando los municipios turísticos para hacer frente a esos gastos derivados de su singularidad’.

También según el estudio, España ocupa el cuarto lugar del mundo con mayor número de remunicipalizaciones entre 2000 y 2019, con 119.  Entre 2010 y 2019 se produjeron en España 89 remunicipalizaciones de servicios públicos en 66 municipios (la mayoría a partir de 2015), 28 de ellas correspondientes a la gestión del servicio público del agua.

Igualmente se destaca que no existe una respuesta única a la pregunta de cuál de las dos modalidades de gestión (pública o privada) es más eficiente y pueden encontrarse diversos ejemplos en los dos sentidos.

Es por ello que, en nombre del Consejo General de Economistas, Pich ha pedido que, ‘a la hora de optar por uno u otro tipo de gestión, se haga exclusivamente por criterios de eficiencia y no por motivos ideológicos’.

En este sentido, Amelia Díaz, ha señalado que ‘en la llamada remunicipalización han primado en muchos casos las razones ideológicas por encima de razones de eficiencia en la gestión. No debería ser así, hay que tener en cuenta que los costes de transacción de la remu­nicipalización pueden entrañar el pago de una indemni­zación a los operadores privados por los beneficios que han dejado de percibir’.

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