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El “Código de Buenas Prácticas” anunciado por Economía, bien visto entre los afectados por embargos

Carlos Baños, presidente de AFES

La Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES) ha acogido de forma esperanzadora la propuesta del Gobierno para que los bancos se acojan a un “Código de Buenas Prácticas”. Según los afectados «esta propuesta  se debe convertir en el inicio de la resolución de un conflicto que ha generado más de 400.000 afectados por la mora hipotecaria. Si avanzamos en la buena dirección esta cifra se reducirá a menos de la mitad y, si por el contrario, se aplica con lagunas e ineficiencias, multiplicaremos este colectivo», aseguran.

AFES ha detectado algunos aspectos positivos en el anuncio del ministro de Econiomía, Luis de Guindos:

– Es una iniciativa tendente a mejorar el estado actual de la situación de las personas que no pueden pagar su hipoteca. Además, consideran bueno que se observe el problema de la mora desde más prismas que la mera ejecución hipotecaria con las consecuencias que ésta acarrea. También valoran que el Ejecutivo lance el guante a la Banca para que, asumiendo su parte de responsabilidad en el conflicto, empiece a formar parte de la solución y no sólo del problema; y, por último, se muestran satisfechos de la reacción del sector financiero hacia el impulso de una resolución que también les reporte mejoras a sus problemas actuales.

Pero no todo son cosas buenas en el anuncio del titular de Economía. Hay motivos de preocupación que interesa resaltar porque, según AFES, no se puede legislar excluyendo a otros afectados. Este concepto, el de afectado, no ha sido todavía comprendido. Esperan que la repercusión mediática de anuncios como éste no genere un aumento de la tasa de morosidad, ya de por sí elevada. Hace falta también, según los afectados por subastas y embargos, que se concreten los incentivos fiscales para que éstos se conviertan en agentes de revitalización del mercado inmobiliario y no sólo en compensaciones por acumulación de viviendas. Y, por último, denuncian una gran indefinición en el modelo de aplicación de las medidas anunciadas.

En opinión de Carlos Baños, presidente de AFES, «corremos el riesgo de aumentar la tasa de morosidad pero, por el contrario, tenemos la oportunidad de iniciar un proceso de recuperación económica y social en el sector hipotecario y, en consecuencia, en el inmobiliario. Es posible recuperar para el conjunto del Estado a más de medio millón de ciudadanos, evitando incurrir en mayores pérdidas por parte de la Banca. Desde Afes hemos trabajado en más de cinco mil casos de mediación entre ciudadanos y entidades financieras, y ponemos a disposición de todos los agentes que se dan cita en esta iniciativa nuestra experiencia en mediación y gestión”.

Sin embargo y a pesar de las declaraciones de AFES, para la UGT el plan de choque anunciado por el ministro de Economía para frenar la ola de desahucios es insuficiente porque sólo da una respuesta temporal a personas en situaciones muy graves de exclusión social (en desempleo, sin ningún tipo de ingresos, rentas, patrimonio, ni vivienda) pero no evita que miles de familias al borde del desahucio lleguen a esta situación de exclusión.

Además, para el sindicato las modificaciones legislativas son incompletas y poco concretas. Desde UGT «defendemos que se fomenten soluciones extrajudiciales, a través de organismos mediadores, de arbitraje y conciliación, con capacidad para imponer a las partes condiciones de negociación. Se trata de equilibrar el reparto de los riesgos a través, principalmente, de la dación en pago por la totalidad de la deuda, recogido en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria pero apenas utilizada en la conformación de los préstamos».

Por otro lado, UGT considera un error que se deje a “la voluntariedad” de los bancos y entidades financieras la aplicación de este Código de Buenas Prácticas para evitar los desahucios. Máxime teniendo en cuenta el fracaso de experiencias pasadas. Basta recordar, por ejemplo, cuando se dejó a su voluntariedad la moratoria temporal para el pago de la hipoteca dirigida a trabajadores por cuenta ajena, una medida que fue ignorada por la totalidad del sector.

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