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Educación recurre el ‘pin parental’ de Murcia

Isabel Celaá

La ministra de Educación, Isabel Celaá, en una imagen tomada este jueves en su despacho del Ministerio

La ministra de Educación rechaza lo que considera una «práctica ilegal”, que únicamente permite a los padres saber con antelación a qué actividades extra escolares van a asistir sus hijos

Isabel Celaá entiende que es una «censura previa» a las actividades programadas por el centro educativo

El Ministerio de Educación y Formación Profesional recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa «dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado».

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha hecho este anuncio ante la «imposición» del denominado ‘pin parental’ en los centros educativos de Murcia, donde el Gobierno del popular Fernando López Miras permite a los padres autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos a cualquier tipo de actividad celebrada en el centro escolar, recibiendo antes información de todas ellas.

Según Celaá, esto va en contra a la Ley Orgánica de Educación (LOE), de las normas autonómicas y de la Ley Contra la Violencia de Género; y que la iniciativa ha generado «una gran controversia y rechazo por parte de la comunidad educativa»… porque, asegura, «el veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una ‘objeción de conciencia encubierta’ que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española».

«Los alumnos tienen la obligación de asistir a las actividades complementarias programadas por los centros educativos, que además son evaluables», ordena Isabel Celaá, que añade que «cualquier norma que recogiera esta censura previa, este veto, vulneraría los derechos de los alumnos a recibir una educación integral para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales».

«Este veto colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educación, además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España (Convención sobre los Derechos del Niño, Declaración Universal de los Derechos Humanos), así como el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la normativa educativa, la legislación sobre la violencia y la normativa específica en materia LGTBI», ha añadido la titular de la cartera de Educación.

«La normativa educativa prescribe, además, que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes», insiste Celaá, que asegura que «el propio Tribunal Constitucional ha señalado en diversas sentencias que el derecho a la objeción de conciencia solo existe en nuestro ordenamiento en los casos expresamente contemplados por la Constitución y las leyes».

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