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Desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, los delitos de Mas el 9-N

Mas

Artur Mas parece estar tranquilo

La Fiscalía presentó ayer la querella –lea aquí el texto completo– contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación.

El escrito, elaborado por la Fiscalía General del Estado fue formalizado por el fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La Fiscalía acusa a los querellados de «sobreponer su visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho«. Asimismo, reprocha a los miembros del Gobierno catalán la «intrínseca arbitrariedad» de su conducta, por negarse «abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución judicial emanada del máximo intérprete de la Constitución».

El Ministerio Público recuerda que la consulta fue «planificada, auspiciada y financiada» por el Govern pese a que el Constitucional la suspendió en una orden que «no dejaba margen a la duda». Según el fiscal, el 9-N «no fue sino la realización, por otros medios, del designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente refrendaria», como demuestra el hecho de que la Generalitat puso en marcha un proceso «desarrollado con la estructura de urnas, mesas y papeletas características de los procesos electorales».

Además, la Fiscalía entiende que el Govern malversó dinero público en la organización de la consulta por los gastos que implicó movilizar a los mossos d’esquadra, distribuir propaganda electoral y mantener la web que informaba del proceso, entre otras partidas.

La querella pide la declaración como imputados de Mas, Ortega y Rigau, y solicita, entre otras diligencias, que se aporte copia de todas las resoluciones que los tres miembros del Govern adoptaron tras la suspensión de la consulta así como del contenido de la página web institucional sobre el 9-N.

La querella no «ha caído» igual de bien en unos sitios que en otros. El portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, considera la querella una «persecución política impropia en una democracia del siglo XXI». Además, prevé efectos contrarios a los que pretende el Estado con ella porque reforzará el proceso catalán. Para ERC, la querella es «un atropello, porque no se puede perseguir penalmente a un pueblo». Isabel Vallet, de la CUP, interpreta la querella como un signo de debilidad del Estado; y Marc Vidal, de ICV-EUiA critica la «judicialización de la democracia.

Desde el Partido Socialista Catalán (PSC), Maurici Lucena tiene la impresión de que Mas y sus asesores «llevan días de celebración por una querella que electoralmente les puede beneficiar».

Por el contrario, Santi Rodríguez, del PPC, y Carina Mejías, de Ciutadans, enmarcan la querella dentro de la normalidad de un Estado de Derecho en el que todos los ciudadanos tienen que cumplir la ley.

En el mismo sentido se pronunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dijo, en relación con la petición de la oposición de «menos querellas y más política», que «no existe contraposición entre política y ley, como algunos pretenden. Todos tenemos que hacer política dentro de la ley porque la ley es la voluntad política de los ciudadanos y este Gobierno no se considera por encima de la voluntad política de los ciudadanos. Los que se saltan la ley ponen por excusa la política», reprochó.

«Algunos consideran las leyes como un límite, cuando en realidad son el marco de actuación en un Estado de Derecho», aclaró la vicepresidenta, para quien la Fiscalía actúa bajo los principios de «imparcialidad, legalidad y dependencia jerárquica«. Algo con lo que no está de acuerdo el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien cree que «las presiones a las que, en su opinión, el Ejecutivo central ha sometido a la Fiscalía son un error político».

Pero dejando a un lado las creencias y volviendo a la política, y respecto a las 23 propuestas puestas encima de la mesa por Artur Mas para «encajar» Cataluña en España, la vicepresidenta señaló que han estudiado y analizado el documento, y añadió que «hay medidas que pueden realizarse, otras que no, y otras que no tienen cabida», pero que pueden hablarse con la Generalitat.

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