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Predicen un «retroceso en derechos civiles y sociales» por la Ley de Seguridad Ciudadana

Manifestación

El Gobierno asegura que sólo quiere evitar este tipo de actos (rtve)

Por la aprobación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana horas después del Día Internacional de los Derechos Humanos

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) denuncia hoy la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada ayer por el Congreso, con el único respaldo del Grupo Parlamentario Popular y con los votos en contra del resto de formaciones políticas.

La Plataforma, nacida en 2012 e impulsada por la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), pide al Senado, donde la futura ley sigue su tramitación, que atienda a sus peticiones, que recogen las reflexiones de todo el sector de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del Estado.

La PTS critica que el texto aprobado en el Congreso sólo recoge 52 enmiendas de las 260 enmiendas presentadas al proyecto durante su tramitación en la Comisión de Interior. Además, reitera que «la reforma no es necesaria y no refleja las prioridades y preocupaciones que hoy tenemos en la sociedad, pues dificulta enormemente garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades de las ciudadanas y ciudadanos», objetivo último de este tipo de norma.

En concreto, las ONGs reprochan que el texto legal adoptado no incluye la prohibición expresa de llevar a cabo posibles identificaciones causadas por perfiles raciales o étnicos, dado que conllevan un acto de discriminación directa (Directiva 2000/43/CE); modifica la redacción actual sobre registro domiciliario, eliminando garantías muy básicas; no garantiza las medidas de accesibilidad necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad; castiga con sanciones económicas, que pueden llegar a los 30.000 euros, por el ejercicio de la prostitución, el consumo de drogas en la calle y el sinhogarismo; y limita la posibilidad de evitar la sanción por consumo y tenencia de drogas a cambio de sometimiento a tratamiento sólo a menores de edad.

La PTS también rechaza de forma frontal la disposición «sobre expulsiones sumarias en Ceuta y Melilla, repudiada por decenas de entidades sociales, operadores y agentes jurídicos, grupos parlamentarios, autoridades de la Unión Europea y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas».

A su juicio, se trata de una disposición que lesiona derechos humanos e intenta dar una cobertura legal a una práctica ilegal que se viene constatando desde hace tiempo y que no aporta soluciones a la realidad que viven cientos de personas migrantes que abandonan sus países de origen y llegan a nuestras fronteras de Ceuta y Melilla llenas de sufrimiento.

Por todo ello, solicitan a los senadores que incluyan sus propuestas que, únicamente, buscan garantizar de manera efectiva los derechos humanos de las personas más vulnerables y que más sufren.

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