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Declarado nulo el acuerdo marco para regular la estiba

Puerto de la Bahía de Cádiz

Vista general del Puerto de Cádiz

Es la ‘plasmación escrita del acceso a un sistema monopolístico de la mano de obra’

‘Impone el sistema de rotación contrario a la libertad de contratación de las empresas’

‘Coloca a las empresas incluidas en su ámbito en una posición desigual y de desventaja frente a nuevos operadores’

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN) ha declarado nulas de pleno derecho diversas disposiciones del IV Acuerdo Marco para regular las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria.

Los magistrados estiman una demanda presentada por la Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT) contra la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CCOO), que ya ha anunciado que recurrirá esta sentencia.

A pesar de la oposición del fiscal, los jueces entienden que el acuerdo contraviene los Reales Decretos-Ley 9/2019 y 8/2017, el artículo 49 del Tratado de Fundación de la UE (TFUE) -que prohíbe las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro- y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Euroepa (TJUE) de 11 de diciembre de 2014 y la más reciente de 11 de febrero de 2021.

Para empezar, la sentencia de la AN anula el artículo (6) que, a su juicio, es la ‘plasmación escrita del acceso a un sistema monopolístico de la mano de obra’ a través de las Organizaciones de Empresas de la Estiba (OEE), un sistema ‘abiertamente anticompetitivo y expresamente declarado ilegal’ por el TJUE.

En cuanto al artículo (7) que regula la selección de personal, la Sala lo anula porque exige a los estibadores superar unas pruebas de capacitación que exceden los legales y que, en la práctica, ‘supone un control sindical del acceso, pues sin el necesario consentimiento de la representación de los trabajadores no es posible el acceso’.

Por lo que respeta a las condiciones de trabajo, los magistrados anulan el que se imponga a las empresas estibadoras la obligación de solicitar a las Organizaciones de Empresas de la Estiba (OEE) los trabajadores portuarios que necesiten. ‘Lo dispuesto resulta contrario a lo regulado en el RD-ley 9/2019 al imponer el sistema de rotación contrario a la libertad de contratación de las empresas consagrada en el RDL, que, además prevé expresamente que entre las facultades de dirección y organización de las empresas estibadoras se encuentra la de designar al personal necesario’, señala la sentencia.

También deja sin efecto el artículo que convierte a las OEE en las únicas competentes para clasificar al personal. ‘Atenta contra la facultad de organización y dirección de las empresas estibadoras porque las obliga a delegar una serie de cuestiones, como la clasificación y la promoción profesionales, a la OEE’.

Del mismo modo, la Sala acuerda anular la disposición que ‘obliga a aquellas empresas que, por mero el hecho de haber sido obligadas a participar en una sociedad de estiba y desestima (SAGEP), tengan que subrogarse en los contratos de un número determinado de trabajadores, ocasionándose un grave perjuicio económico -equivalente al sobrecoste laboral del mantenimiento de los contratos y las condiciones de trabajo- y una clara desventaja competitiva respecto de nuevos operadores empresariales que no asuman ninguna actividad ni formaban parte de la SAGEP’.

El tribunal explica que la obligación de subrogación que impone el IV Acuerdo Marco a todas las empresas estibadoras que operan en el mercado genera un doble efecto: por un lado, actúa como desincentivo al ejercicio del derecho de aquéllas de separarse de la SAGEP -que era, precisamente la finalidad de la sentencia del TJUE y de la posterior reforma operada por el legislador español a efectos de liberar el sector de la estiba-; y por otro lado, ‘coloca a las empresas incluidas en su ámbito personal y funcional en una posición desigual y de desventaja frente a nuevos operadores que no asuman una actividad de estiba preexistente en tanto que éstos no están obligados a subrogar a los trabajadores de la SAGEP, operando, una vez liberadas de las previsiones ilegales del IV Acuerdo Marco denunciadas en apartados anteriores, en unas condiciones de libertad de contratación de imposible acceso a las empresas que sí son miembro de las SAGEP’.

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