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Declarado nulo el poder otorgado a los TSJ tras el estado de alarma

Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen tomada en el Congreso en octubre de 2020

El Gobierno reformó la ley para dejar en manos de los Tribunales Superiores de Justicia la ratificación de las restricciones sanitarias impuestas por las comunidades autónomas

El TC estima la cuestión de inconstitucionalidad presentada contra la ley 3/2020 de 18 de septiembre porque ‘el poder judicial no es cogobernante o copartícipe del ejercicio de la potestad reglamentaria’

En octubre de 2020 los jueces criticaron el empecinamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez en negarse a aprobar una reforma de la Ley de Salud Pública y sumir en un ‘caos jurídico’ a la sociedad

El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nula la atribución de competencias otorgadas a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) para autorizar o ratificar las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias autonómicas (o en su caso, locales) al finalizar el estado de alarma.

Los magistrados del Tribunal Constitucional estiman así la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Aragón contra el artículo 10.8 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, redactado por la disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre para hacer frente al covid-19.

Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada‘, dice el texto de esa disposición final segunda.

Tras finalizar el estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno de Pedro Sánchez sometió a autorización judicial todas las decisiones/disposiciones con las que los gobiernos autonómicos adoptaban medidas generales (esto es, no individuales) para proteger la salud pública que implicasen privación o restricción de derechos fundamentales. Así pues, todas las medidas sanitarias de obligado cumplimiento tenían que estar autorizadas judicialmente para entrar en vigor y ser aplicables.

La sentencia del Tribunal Constitucional ponencia del magistrado Enrique Arnaldo aprecia que esto quebranta el principio constitucional de separación de poderes, al atribuir a los órganos judiciales del orden contencioso-administrativo funciones ajenas a su cometido constitucional (artículos 106.1 y 117 CE), con menoscabo de la potestad reglamentaria que la Constitución atribuye al poder ejecutivo (art. 97 CE), sin condicionarla al complemento o autorización de los jueces o tribunales para entrar en vigor y desplegar eficacia, bastando para ello la publicación en el correspondiente diario oficial.

La potestad reglamentaria se atribuye por la Constitución (y por los Estatutos de Autonomía, en su caso) al poder ejecutivo de forma exclusiva y excluyente, por lo que no cabe que el legislador la convierta en una potestad compartida con el poder judicial, lo que sucede si se sujeta la aplicación de las normas reglamentarias al requisito previo de la autorización judicial. El poder judicial no es cogobernante o copartícipe del ejercicio de la potestad reglamentaria.

En suma, la sentencia aprecia que la autorización judicial de las medidas sanitarias provoca una reprochable confusión entre las funciones propias del poder ejecutivo y las de los tribunales de justicia, que menoscaba tanto la potestad reglamentaria como la independencia y reserva de jurisdicción del poder judicial, contradiciendo así el principio constitucional de separación de poderes, consustancial al Estado social y democrático de Derecho (artículos 1.1, 97, 106.1 y 117 CE).

Añade la sentencia que esa inconstitucional conmixtión de potestades quebranta también el principio de eficacia de la actuación administrativa (art. 103.1 CE) y limita o dificulta igualmente la exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas al poder ejecutivo en relación con sus disposiciones sanitarias generales para la protección de la salud pública, en detrimento del principio de responsabilidad de los poderes públicos, consagrado en el art. 9.3 CE. Quiebra, asimismo -concluye la sentencia- los principios constitucionales de publicidad de las normas y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), dado que las resoluciones judiciales que autorizan esas disposiciones generales en materia sanitaria no son publicadas en el diario oficial correspondiente, lo que dificulta el conocimiento por parte de los destinarios de las medidas restrictivas o limitativas de derechos fundamentales a las que quedan sujetos como consecuencia de la autorización judicial de esos reglamentos sanitarios de necesidad.

Consecuentemente, el artículo 10.8 de la Ley de la jurisdicción contencioso- administrativa, redactado por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, es declarado inconstitucional y nulo.

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la sentencia extiende la declaración de inconstitucionalidad y nulidad al apartado i) del art. 11.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (igualmente añadido por la Ley 3/2020), que atribuye a la Audiencia Nacional la autorización judicial de las disposiciones generales urgentes para la protección de la salud pública, que impliquen privación o restricción de derechos fundamentales, aprobadas por la autoridad sanitaria estatal.

Las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán y los magistrados Cándido Conde-Pumpido y Ramón Sáez han anunciado la formulación de un voto particular al entender que la atribución a jueces y tribunales de la función de aprobación de medidas de policía sanitaria de alcance general tiene expresa cobertura constitucional en el art. 117.4 CE, no afecta a la separación de poderes, ni a la independencia judicial ni a la eficacia de potestad reglamentaria.

El Constitucional ya declaró nulos los dos estados de alarma impuestos por el Congreso

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