- elpueblodigital.es - http://www.elpueblodigital.es -

Declarada inconstitucional parte de la Ley Tributaria de Cataluña

Pere Aragonés

Pere Aragonés, actual vicepresidente del Govern y consejero de Economía y Hacienda

El Tribunal Constitucional estima por unanimidad el recurso presentado contra la ley aprobada por la Generalidad en agosto de 2017

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra parte de la Ley Tributaria de Cataluña aprobada por la Generalidad en agosto de 2017.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido, aborda por primera vez la existencia o no de competencia normativa autonómica para establecer normas tributarias de carácter general para todos los tributos que conforman su Hacienda; normas de ‘parte general’ de Derecho tributario plasmadas fundamentalmente en la actualidad en la Ley General Tributaria (LGT), de diciembre de 2003, y en sus reglamentos (estatales).

La sentencia recuerda que las competencias normativas regionales en materia de tributos propios y cedidos han de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en virtud del artículo 149.1 de la Constitución Española, y cuyo ejercicio puede condicionar lícitamente a las primeras más allá de los límites impuestos en otros preceptos constitucionales, en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y en el respectivo estatuto de autonomía.

La sentencia, que puede leer aquí, [1] subraya que, adicionalmente, la competencia normativa autonómica sobre tributos cedidos vendrá delimitada por el alcance y las condiciones establecidas expresamente en la ley específica de cesión.

De ahí que, por un lado, las normas tributarias autonómicas de carácter general que regulen o contravengan aquellos preceptos de la LGT que establezcan esos ‘principios y normas jurídicas generales del sistema tributario español’ ex artículo 149.1.1, 8, 14 y 18 CE, serán inconstitucionales por invadir dichas competencias estatales y, por ende, no serán aplicables a los tributos autonómicos propios ni a los estatales cedidos.

Por otro lado, aunque las leyes tributarias autonómicas de carácter general no vulneren tales competencias estatales, serán aplicables únicamente a los tributos propios de la comunidad autónoma (y no a los tributos cedidos) si su contenido desborda los límites introducidos por el Estado en la ley específica de cesión en el ejercicio de su potestad originaria ex artículos 133.1, 149.1.14 y 157.3 CE.

Una vez aclarada la distribución de competencias en la materia y teniendo en cuenta que las normas contenidas en el Código Tributario de Cataluña impugnadas no distinguen entre tributos propios y cedidos ni hacen referencia alguna al bloque de la constitucionalidad ni a la LGT, el Tribunal se pronuncia sobre la adecuación de los concretos preceptos impugnados al referido orden constitucional de competencias.

Por un lado, el Tribunal estima y declara inconstitucional, entre otras, la regulación (que excede la sola repetición) de los principios constitucionales en materia tributaria; la regulación con carácter general del ámbito temporal y de los criterios de interpretación de las normas tributarias; de la potestad de calificación de la Administración; la regulación del supuesto en la que la Administración tributaria de la Generalidad y el contribuyente pueden llegar a ‘entendimientos’ para la determinación de derechos y obligaciones tributarias; o la atribución de la competencia para regular los plazos de prescripción y las causas de interrupción de su cómputo.

Por otro, el Tribunal desestima las impugnaciones contra diversas disposiciones del Código autonómico al no apreciar una extralimitación competencial, entre otras, en la atribución a la Administración tributaria de la Generalidad de la facultad de dictar disposiciones interpretativas y de la obligación de contestar a las consultas que se le planteen sobre las normas tributarias que promulguen en el ámbito de sus competencias, del deber de aplicar las normas tributarias de acuerdo con la doctrina establecida por los órganos económico- administrativos y la jurisprudencia de los tribunales, de la facultad de obtener información con trascendencia tributaria ‘con la finalidad de utilizarlas en el ejercicio de las funciones de aplicación de los tributos o de recaudación en período ejecutivo que tiene atribuidas por ley’; o de la posibilidad de que los datos con trascendencia tributaria que obtienen los entes locales supramunicipales en el desempeño por delegación o encargo de gestión de las facultades de aplicación de los tributos propios de los ayuntamientos catalanes se cedan directamente a la Agencia Tributaria de Cataluña ‘para el control del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias’.

Por último, el Tribunal realiza interpretaciones conforme de determinados preceptos, como, entre otros, los que contienen la regulación de la vía económico-administrativa, al establecer verdaderas especialidades procedimentales ratione materiae sin invasión de la competencia estatal sobre los ‘principios y normas generales de procedimiento del sistema tributario español’ (artículos 149.1.14 y 18 CE), mientras sean de aplicación exclusiva a la revisión de los tributos autonómicos propios.

Y ello porque en el actual sistema de financiación autonómica no existe delegación estatal en materia de regulación de la revisión administrativa de los tributos cedidos de gestión autonómica.

En definitiva, la sentencia analiza la distribución constitucional de competencias en materia tributarias entre el Estado y las comunidades autónomas en función de la naturaleza propia o cedida de los recursos tributarios que constituyen la Hacienda autonómica.

En este sentido, determina el contenido y el alcance de los títulos competenciales que ope Constitutionis (artículos 149.1.1, 8, 14 y 18 CE) reservan al Estado la configuración de los ‘principios y normas jurídicas generales, sustantivas y de procedimiento, del sistema tributario español … aplicables a y por todas las Administraciones tributarias’ (artículo 20.4 LOFCA); expresión de la coordinación que la Constitución exige al Estado (artículo 156.1 CE) para garantizar que el ejercicio del poder tributario por los distintos niveles territoriales sea compatible con la existencia de ‘un sistema tributario’ (31.1 CE), del que los (sub)sistemas tributarios autonómicos forman parte.