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Continúa en ascenso el número de ‘excluidos financieros’

Caja Segovia

Las oficinas móviles recorren muchas Provincias

La población sin acceso a una sucursal bancaria en su municipio de residencia aumenta un 7,2% en 2017

Bancos y Cajas de Ahorro continúan cerrando sucursales.

El número de oficinas bancarias se ha reducido un 42% desde el inicio de la crisis y la población sin acceso a una sucursal en su lugar de residencia ha aumentado un 44%, hasta representar el 2,9% del total.

Son los llamados “excluidos financieros”, que un estudio publicado en abril también por el Ivie cifraba en el 2,7% el año pasado, es decir, dos décimas menos que actualmente.

Desde 2008, año de comienzo de la crisis, la caída acumulada de la red de oficinas es del 42%. Así, si en junio de 2018 el sector bancario español cuenta con una red de 27.320 oficinas, casi la mitad de las 45.662 que existían antes del inicio de la crisis.

Mientras en algunas provincias se han cerrado más del 50% de las sucursales que había en 2008 -Barcelona (56%), Castellón (53%), Tarragona (52%) y Girona (51%)-, en otras las clausuras están por debajo del 25%. Son los casos de Cuenca (16%), Badajoz (21%), Teruel (21%) y Ciudad Real (22%).

Después de 10 largos años de “crisis” el número de oficinas sigue cayendo lo que significa que continúa aumentando la población que no tiene acceso a una sucursal en su municipio de residencia. Ha pasado del 2,7% de la población española en 2016 al 2,9% en 2017.

En este último año, un total de 1.351.276 habitantes viven en municipios donde no hay ni una sola oficina bancaria, un 7,2% más que en 2016. En más de la mitad de los municipios españoles (en concreto, en el 52,2%) no hay oficinas bancarias, lo que supone un aumento de 1,5 puntos porcentuales (pp) respecto a 2016 y 8,3 pp desde 2008, que es cuando la red de oficinas en España alcanzó su máxima extensión.

Las diferencia son amplias por comunidades autónomas. Así, mientras que en Castilla y León el 16,4% de sus habitantes residen en municipios donde no hay oficinas bancarias, en Islas Baleares, Canarias, Murcia, Asturias y Madrid el porcentaje no llega al 1%.

Junto con Castilla y León, el porcentaje supera el 5% en Extremadura y Navarra. En el último año (de 2016 a 2017), Extremadura y Cantabria son las regiones en las que más ha aumentado el porcentaje de “gente financieramente excluida”, con aumentos de 1,5 y 0,7 pp, respectivamente.

Mayores son las diferencias en provincias. Allí, el rango de variación del porcentaje de población sin acceso a una oficina bancaria en el municipio de residencia varía de un mínimo de prácticamente el 0% (caso de Illes Balears, Cádiz, Jaén, Las Salmas, Pontevedra, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla) a un máximo del 27,7% en Zamora.

Junto con esta última, la exclusión financiera supera el 20% en Ávila, Salamanca y Segovia. Desde que comenzó el cierre de oficinas en 2008, en Cáceres y Segovia son las provincias en las que más ha crecido el porcentaje de la población que reside en municipios son oficinas bancarias.

El mayor porcentaje de la población financieramente excluida reside en municipios muy pequeños. En concreto, en 2017, el 83% de los municipios españoles que no disponían de oficinas bancarias tienen menos de 500 habitantes, concentrando el 30% los que no llegan a 100 habitantes. Los que tienen de 5.000 a 10.000 habitantes solo representan el 0,1% de los municipios sin sucursales.

En términos de población excluida, el 44% reside en pueblos de menos de 500 habitantes. En consecuencia, la probabilidad de no tener acceso a una oficina bancaria en el lugar de residencia es mucho mayor si se reside en un municipio pequeño. En las localidades de menos de 100 habitantes, el porcentaje de población excluida es del 98%, sigue siendo alto en los de 100 a 500 habitantes (80%), pero prácticamente es nulo en los de más de 5.000 habitantes.

Desde el sector avisan de que el “entorno de baja rentabilidad del negocio bancario” obligará a mantener el ritmo de cierre de oficinas con lo que segruirá aumentando la población sin acceso a una.

Claro que, conforme siga avanzando la penetración de la banca online (y su potencial en España es mayor que en otros países dado el menor porcentaje de la población que la utiliza en comparación con otros países), el impacto del cierre de oficinas sobre la potencial exclusión financiera será menor.

El propio sector bancario está contribuyendo a evitar la exclusión financiera facilitando el acceso a los servicios financieros en lugares donde no hay oficinas (con cajeros automáticos, agentes financieros, oficinas móviles, etc.), y el sector público debería completar esta labor (para empezar, erradicando la exclusión digital), ya que la exclusión financiera es un problema social.

A pesar de que la Comunidad Valenciana no está situada entre las peores regiones de este ránking, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Consell facilitará cajeros automáticos a 95 poblaciones valencianas que no disponen de sucursal bancaria, unos 135.000 valencianos.

Se trata, en palabras de Manuel Illueca, director del Instuto Valenciano de Finanzas (IVF), de un “proyecto pionero en España”, que afectará a 45.000 personas que hoy no están conectados a “un servicio básico” como el financiero. Hasta el momento se han incorporado 37 localidades de la provincia de Castellón, 13 de la de Alicante y 45 de la de Valencia.

La Generalitat alquilará los cajeros que ofrezcan las entidades valencianas por un periodo de 5 años y un coste estimado de mantenimiento y funcionamiento de 10.000 euros anuales por aparato. Por su parte, los ayuntamientos adheridos al plan deberán de poner a disposición un espacio municipal para garantizar la seguridad del servicio.

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