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Cruce de reproches entre hoteleros, Imserso y sindicatos

Imserso

La mayor parte de los viajes se ofrecen en Andalucía, Murcia, Levante y Cataluña

La CEHAT pide a los sindicatos que se preocupen de defender los derechos de los trabajadores del sector turístico

El asunto de los viajes del Imserso ha entrado en un nuevo estado.

Tras las críticas de UGT y CCOO al recurso presentado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) contra los pliegos diseñados para adjudicar los próximos viajes de los jubilados, los hoteleros responden pidiendo a los sindicatos que se centren en defender los derechos de los trabajadores del sector en vez de atacarles a ellos.

La Confederación no se cansa de repetir que, a diferencia de lo que aseguran los sindicatos, ningún establecimiento hotelero que trabaja en el programa Imserso en las zonas vacacionales percibe cantidades superiores a los 22,5 euros por persona (IVA incluido), en régimen de pensión completa con vino y agua incluido.

Indican que en este precio se encuentran todos los establecimientos que trabajan en Andalucía, Murcia, Levante y Cataluña y que suponen la mayor parte de la oferta. Las plazas ofertadas en la Costa peninsular y Baleares/Canarias (que son las que perciben estos ingresos) son 512.700 y 258.100 respectivamente, sumando un total de 770.000 sobre las 900.000 plazas que han salido a licitación.

Con esta evidencia reprochan a los «representantes de los trabajadores» y al director general del Imserso, Manuel Martínez Domene, que ha comprado las tesis sindicales, que continúen aventando que los establecimientos hoteleros trabajan en un rango entre 23 y 42 euros diarios. «Esto es una información sesgada y falsa que intenta desacreditar los legítimos derechos de los empresarios hoteleros».

Razonan los empresarios que «si los hoteles trabajáramos a 42 euros por persona y día seríamos muy estúpidos si recurrimos los pliegos», pues eso les aseguraría unos ingresos muy superiores a los que perciben actualmente.

Acaban recomendando a los sindicatos «que se preocupen más por defender los derechos de los trabajadores de las empresas que participan en el programa, cuyos puestos de trabajo y retribuciones se pueden ver comprometidas por la gestión tan deficiente que está haciendo el Gobierno de este asunto».

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