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Consejo de Ministros extraordinario para aprobar los Presupuestos

Moncloa

Foto de familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con sus ministros (Foto: Fernando Calvo)

El Gobierno de Pedro Sánchez confía en lograr el apoyo de los independentistas catalanes, que piden que la Fiscalía retire las acusaciones contra los golpistas para votar a favor de los PGE

El Gobierno se reúne este lunes, 15 de octubre, en un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar su plan de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

El documento, que será remitido a Bruselas para que lo evalúe la Comisión Europea, servirá de base para el proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo presentará en el Congreso de los Diputados a finales de noviembre o principios de diciembre.

A grandes rasgos, las medidas incluidas en el «programa de Gobierno» cerrado con Podemos supondrán un aumento del gasto de más de 5.000 millones de euros que se verá compensando por la subida de la recaudación fiscal.

Para ello, el Ejecutivo socialista implementará un paquete de medidas fiscales, que incluye la creación de dos nuevos tramos impositivos en el IRPF, por encima de los 130.000 y los 300.000 euros; establecer un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (18% en el caso de bancos y empresas de hidrocarburos); un impuesto a las transacciones financieras; y otro, del 3%, a las grandes empresas tecnológicas.

En el apartado de gastos el acuerdo contempla la revalorización de las pensiones con el IPC, el aumento del SMI hasta los 900 euros mensuales, un aumento del 40% en la partida de dependencia, mayor dotación en vivienda e I+D+i, así como más recursos destinados a becas.

Según se ha sabido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negocia con EH Bildu el apoyo de los pro etarras a los Presupuestos. Sánchez intenta lograr la mayoría simple suficiente (175 votos) para tumbar la enmienda a la totalidad a sus cuentas públicas.

Sin embargo, ayer los independentistas catalanes (ERC y JxCat) volvieron a insistir en pedir que la Fiscalía retire las acusaciones contra los dirigentes independentistas procesados por el 1-O para negociar los Presupuestos Generales del Estado. Fue el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Tardà, quien advirtió al Gobierno de que «no negociaremos nada si el Gobierno español no insta a la Fiscalía a retirar las acusaciones», recalcó Tardà, para quien la única «solución» es declarar la «absolución» de los procesados.

También la vicepresidenta del PDeCAT y líder del grupo independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtió de que los ocho parlamentarios de su partido votarán no a los Presupuestos «si no hay movimientos» en la situación de «presos políticos y exiliados» y a la posibilidad de hablar de autodeterminación: «Votaremos no. Lo hemos dicho claramente. O hay movimientos (y movimientos no es una oferta) o no hay presupuestos», indicó.

A pesar de la firmeza de las advertencias soberanistas, en Moncloa siguen fiando todo al diálogo y a la inyección de dinero estatal en Cataluña. Hoy se reanuda en Barcelona la Comisión Mixta de Inversiones e Infraestructuras entre el Gobierno y la Generalitat.

Las cuentas en el Congreso son las siguientes: el PSOE cuenta con 84 diputados, que se suman a los 71 de Podemos y al de Nuevas Canarias. Hasta ahora, el Gobierno suma 156 votos. Le hacen falta 175 para tumbar la mayoría (176) con la que se aprobaría una posible enmienda a la totalidad. Es decir, necesita 19 votos más para aprobar los PGE del año que viene. ERC tiene 9; CDC, 8. EH Bildu (2), y PNV (5). Porque con los 137 del Partido Popular y los 32 de Ciudadanos sabe que no puede contar.

El presidente del PP, Pablo Casado, afirmó ayer que los Presupuestos Generales del Estado planteados por el Gobierno «y por su vicepresidente económico, Pablo Iglesias», pueden llevar de nuevo «al paro masivo» y a una «nueva recesión». Durante su intervención en un acto del PP en Málaga, el dirigente popular reiteró que el PP «no va a aprobar ni los presupuestos ni el techo de gasto» porque «van completamente en la dirección equivocada y contienen las mismas políticas que en su día propuso Zapatero y que acabaron con la peor crisis de la historia reciente de España».

A su juicio, Sánchez ha vuelto a recurrir a la vieja fórmula de subir «todos los impuestos, el de la renta, el de sociedades, el de transacciones financieras, a las tecnológicas y al diésel». «Y el objetivo último -finalizó- sigue siendo el mismo: suben todos los impuestos para despilfarrar, la receta socialista de siempre».

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